El amparo servía para frenar aquellos proyectos gubernamentales que en lugar de traer beneficios a la ciudadanía traían más perjuicios
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, y comenzará la discusión en lo particular, donde se prevé aceptar sólo tres cambios a la minuta del Senado, de las 309 reservas enlistadas en la sesión. El dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda se validó con 345 votos de Morena y sus aliados y 131 votos en contra de la oposición, que insistió en el retroceso de la figura del amparo en detrimento de los intereses sociales.
Entre las discusiones polémicas estará la retroactividad de estas modificaciones, ya que sigue siendo un tema de debate, incluso entre los propios legisladores de la bancada oficialista se han tenido opiniones encontradas, ya que algunos buscan que la retroactividad siga siendo parte de esta Ley, mientras que otros señalan que no debe aplicarse a casos que están bajo la pasada legislación.
La importancia del amparo
El amparo es una herramienta, un instrumento, una institución jurídica que se consiguió precisamente para que los ciudadanos se puedan defender de los excesos de la autoridad, señaló el abogado Jorge Luis Carmona, EN ENTREVISTA para el programa LIBERTAD DE OPINIÓN CON LUPILLO GONZÁLEZ. El abogado dijo dijo que el amparo es tan importante, que una persona que no tenga seguridad social, mediante un Amparo puede conseguir que una institución privada de salud la tienda de manera gratuita
"El amparo sirve precisamente para obligar a las autoridades, incluso a los particulares como en este caso a proveer cuestiones médicas hospitalarias, porque atrás de todo esto existe un tema fundamental de derechos humanos. El amparo sirve precisamente para proteger a los ciudadanos del gobierno, proteger a los ciudadanos para que no haya abusos y no se vulneren los derechos humanos".
"Retroceso bestial"
El abogado dijo estar convencido de que las reformas a la Ley de Amparo que aprobaron Morena y sus aliados es "un retroceso bestial" a los derechos que ya tenían ganados los ciudadanos, porque precisamente el amparo servía para frenar aquellos proyectos gubernamentales que en lugar de traer beneficios a la ciudadanía traían más perjuicios.
Las reformas actualizan el concepto de “interés legítimo” como condición para interponer el juicio de amparo, estableciendo que la norma, acto u omisión reclamado “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.
Se debe comprobar afectación
Destacó que si bien es cierto un ciudadano que se sienta perseguido por alguna autoridad, y comprueba el interés legítimo de esa afectación, puede seguir recurriendo a los amparos, ahora las asociaciones civiles y colectivos no podrán presentar amparos, pues esto tiene que ser única y exclusivamente de manera individual por las personas y comprobando la afectación que les causa el acto reclamado.
"Los ciudadanos pueden ir en grupo, sí, pero siempre y cuando cada uno de los ciudadanos demostremos que nos ha sido afectado un derecho; una asociación que representa un grupo de gente ya no va a poder presentar amparos, cada ciudadano va a tener que ir a meter un amparo personal, además de fundar y motivar qué daño te está haciendo. Es un retroceso bestial, porque estamos retrocediendo 70 u 80 años".
Reforma a Ley de Amparo es del ámbito federal: magistrada
La magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dijo que la reforma a Ley de Amparo no tiene un impacto directo en el Poder Judicial de San Luis Potosí, pues al tratarse de una reforma constitucional federal, influye en todos las entidades del país. Explicó que la reforma aplica en caso de que se recurra al juicio de amparo a nivel federal por una acción llevada a cabo en San Luis Potosí por el Estado o los municipios.
¿Qué sigue?
La controvertida iniciativa ha salido adelante, a la espera de que los legisladores presenten sus reservas, algunas se anticipan controvertidas, como la reescritura de la cláusula de retroactividad, en este sentido una diputada de la propia bancada oficialista y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la redacción de la nueva norma, en su opinión, “restringe el acceso a la justicia constitucional”. A pesar de las numerosas resistencias, la reforma del oficialismo está un paso más cerca de la meta final.
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