San Luis Potosí, SLP.- Los diputados Cuauhtli Badillo Moreno y Rubén Guajardo Barrera, difirieron en su opinión sobre la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues mientras el diputado morenista consideró que ese fondo se utilizaba como caja chica e incluso se lo robaban, el legislador panista consideró que las recientes inundaciones que afectaron a varios municipios del país, dejan patente que el fondo es necesario, por lo que consideró que debe regresar.
"El Fonden sabíamos que era un fondo que lo utilizaban como caja chica, se lo robaban, y cuando había desastres naturales nadie lo encontraba; hoy el Gobierno Federal tiene partidas y finanzas sanas", señaló Badillo Moreno el cual mencionó que hoy se está efectuando un gran apoyo del Gobierno Federal en coordinación con los Estados, y se van a apoyar con todo lo que sea necesario los ciudadanos que lo perdieron todo para poder restituirles lo que perdieron.
Por su parte, Guajardo Barrera lamentó que los desastres naturales que ocurrieron en varios estados, provocados por inundaciones debido a las recientes lluvias, hicieron notar la necesidad de contar con este fondo, pues no había ningún recurso público federal para apoyar de forma extraordinaria esta crisis.
"Yo creo que la solución no era eliminarlo, si en su momento existían sospechas o incluso indicios de actos de corrupción, pues me hubiera gustado que el Gobierno en su momento hubiera presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero no lo hizo, lo que hizo fue eliminarlo, y hoy no tenemos un fondo nacional para emergencias como este tipo, y ya vimos que sí es necesario", explicó.
Cabe destacar que el Fonden fue implementado en 1996 como parte del presupuesto federal y comenzó operaciones formales en 1999. Su naturaleza era la de un instrumento financiero público orientado a ayudar a las comunidades y gobiernos locales cuando un desastre superaba la capacidad de las autoridades estatales o federales; su eliminación se efectuó de manera oficial el 28 de julio de 2021, por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con otros fideicomisos, alegando que estos funcionaban como herramientas de corrupción en gobiernos anteriores.