La Suprema Corte de Justicia se dispone a atraer este jueves la revisión final de la disputa entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakán, que desde hace más de 30 años es la operadora del servicio de agua potable en los cuatro principales municipios del norte del estado.
El Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y sus colegas Lenia Batres y Loretta Ortiz, hicieron suya la solicitud de Aguakán para que la Corte reasuma competencia y revise en definitiva la sentencia de un juez federal, que en abril avaló un decreto emitido en octubre de 2023 por Congreso estatal, para dar por terminada la concesión de la empresa.
Dicha concesión, que originalmente vencía en diciembre de 2023, fue prorrogada en 2014 por otros 30 años, hasta 2053.
Cuando Aguakán pidió la intervención de la Corte, todavía estaban en funciones los anteriores Ministros, pero la empresa parece determinada a evitar que el amparo sea resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, pues en agosto planteó el impedimento de sus tres magistrados.
Dado que tres Ministros ya están de acuerdo con intervenir, solo faltan dos votos para concretar la reasunción.
La Corte está resolviendo las atracciones y reasunciones de competencia mediante votaciones económicas, sin proyectos de sentencia ni discusiones, por lo que Ministros y Ministros ya no tienen que justificar las razones para intervenir, de manera extraordinaria, en casos que ordinariamente toca resolver a los tribunales colegiados.
Como parte de este amparo, está vigente una suspensión definitiva que ha permitido a Aguakán mantener su concesión.
Esta suspensión está a revisión desde mayo de 2024 ante el mismo tribunal colegiado de Cancún, que no ha dictado sentencia. En este expediente, la anterior Presidenta de la Corte, Norma Piña, desechó una solicitud de Aguakán para atraer el recurso del Gobierno estatal.
Si la suspensión es revocada, el Gobierno de Quintana Roo o los municipios podrían asumir el control sobre el servicio desde ahora, y solo tendrían que devolverlo a la empresa si la Corte eventualmente le concede el amparo contra el decreto de 2023.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 26 de febrero que sería mejor que Aguakán entregue la concesión porque "no se puede hacer negocio con el agua".
Reforma publicó en febrero que, según Aguakán, el Gobierno estatal le ofrece 4 mil 500 millones de pesos por renunciar a la concesión para dársela a la firma española Acciona, otra empresa privada, y está ejerciendo presión mediante una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
Aguakán es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.
