La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia aceptó por primera vez una solicitud para celebrar audiencia pública sobre un caso, pero también rechazó la petición de las empresas maquiladoras para escuchar argumentos en la disputa que sostienen con el SAT por cobro de IVA.
El Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, anunció que la Corte realizará una audiencia con partes interesadas en la acción 184/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM), para impugnar una reforma que la obliga a realizar visitas semestrales a orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y organismos asistenciales y hospitales psiquiátricos, así como visitas trimestrales a las cárceles.
La CDHM alega que esta orden viola su autonomía, además de que carece de recursos para desplegar tal cantidad de visitas.
La Ministra Lenia Batres propuso avalar la reforma, pero su proyecto fue retirado de la lista de sesión.
"Hemos decidido llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes", dijo Aguilar, "pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar en esta audiencia".
El MInistro agregó que había una manifestación de organizaciones afuera de la Corte por este caso, lo que se ha vuelto cotidiano para lograr el aplazamiento o atracción de asuntos.
Batean a maquiladoras
El pasado 29 de septiembre, en sesión privada, la Corte resolvió que "no ha lugar" a celebrar audiencia pública para escuchar argumentos de las maquiladoras sobre la contradicción de criterios 8/2025, en la cual la Ministra Yasmín Esquivel turnó un proyecto que le da la razón al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El SAT pretende cobrar más de 50 mil millones de pesos por IVA no retenido por las maquiladoras, lo que estas consideran un doble cobro ilegal.
El proyecto estaba en lista para de sesión del 2 de octubre, pero fue retirado sin mayores explicaciones.
La solicitud de audiencia fue planteada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, y por empresas como Samsung y Dish de México. No habrá una sentencia por escrito para explicar razones por las que esta petición fue rechazada.
En su Acuerdo General para regular las audiencias, la Corte no aclaró si se podrán llevar a cabo para contradicciones de criterios, en las cuales no hay "partes" involucradas, sino que en abstracto se fija jurisprudencia para casos futuros, a partir de resoluciones opuestas dictadas por tribunales colegiados en casos concretos.
Otro caso para el que ya hay una solicitud formal de audiencia es el que decidirá la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, para el cual aún no hay un proyecto en lista.
Más allá de las audiencias formales, el Presidente Aguilar, y algunos de sus colegas, ha estado recibiendo a personas que acuden al tribunal para protestar o pedir ayuda en sus litigios.
Estos incluyen a repartidores de plataformas como Uber y Rappi, inconformes con el impuesto que les aplica la Ciudad de México desde 2022 por "uso de infraestructura", así como ex trabajadores del IMSS, jubilados bajo su régimen interno de pensiones, que se quejan porque la Corte determinó desde 2008 que no tienen derecho a la devolución de parte del saldo de sus Afores.
Los repartidores lograron aplazar la discusión de un proyecto que avala el impuesto, mientras que los jubilados, obtuvieron la atracción de su caso.
El 9 de octubre, la Corte también retiró un proyecto de sentencia que restringe la capacidad de las asociaciones civiles para promover amparos en defensa del medio ambiente, ante solicitudes de audiencia que se presentaron a la Ministra Esquivel.
En la primera década de este siglo, la Corte realizó audiencias públicas para algunos temas como aborto y grandes reformas fiscales, pero abandonó la práctica por el tiempo que le consumía, y se mantuvo la tradición de que los Ministros reciban en privado a las partes, así como argumentos por escrito de terceros interesados en la modalidad conocida como amicus curiae.
