Paulina Rubio vuelve a ser tema de conversación, pero no por un lanzamiento musical o un nuevo proyecto televisivo, sino por un conflicto legal que ha sacudido a sus seguidores. La cantante mexicana, conocida como “La Chica Dorada”, enfrenta un proceso judicial en Miami tras ser desalojada de una propiedad de lujo que rentaba.
Según el periodista Javier Ceriani, Rubio fue obligada a abandonar la vivienda luego de que el propietario presentara una demanda en su contra, alegando incumplimiento del contrato de arrendamiento y daños a la propiedad. El caso, que ha generado gran atención mediática, revela una presunta deuda que supera los 110,000 dólares.
De acuerdo con la información difundida, Paulina Rubio habría dejado de pagar dos meses de renta, acumulando una deuda inicial de 70,000 dólares. El contrato, según el arrendador, también se habría violado cuando la cantante permaneció 15 días adicionales en la propiedad tras la expiración del acuerdo, sin contar con autorización.
En Florida, este tipo de situación puede considerarse “ocupación ilegal”, lo que agrava la falta contractual.
El monto total de la deuda habría sido desglosado de la siguiente forma:
70,000 dólares: por dos meses de renta no pagados.
35,000 dólares: por la ocupación de 15 días adicionales sin permiso.
5,259 dólares: por reparaciones y daños a la propiedad.
El propietario, cuya identidad no se ha hecho pública, aseguró que los daños al inmueble fueron significativos y que el mantenimiento posterior representó costos elevados
Este no es el primer conflicto legal que enfrenta Paulina Rubio. A lo largo de los últimos años, la artista ha estado involucrada en varias disputas judiciales, tanto personales como profesionales.
Uno de los casos más conocidos es el proceso por la custodia de su hijo con Nicolás Vallejo-Nágera (Colate), su expareja, un pleito que lleva años en los tribunales de Miami y que ha sido ampliamente cubierto por los medios internacionales.
A ese conflicto se suman otras situaciones legales:
Acusaciones de agresión física hacia su hijo menor, que han complicado su imagen pública.
Demandas menores por incumplimiento de contrato, derivadas del impago por servicios profesionales en años anteriores.
Reclamos financieros relacionados con contratos musicales y apariciones públicas que, según algunas fuentes, no fueron liquidados en tiempo y forma.
Aunque estos casos no están directamente relacionados con el actual escándalo inmobiliario, reflejan un patrón de dificultades legales y administrativas que han acompañado a la intérprete en los últimos años.