Tras ser imputada por el mal manejo de casi 140 millones de pesos, un juez dictó medidas cautelares contra María de Lourdes Arteaga Reyna, ex titular de la Secretaría de Finanzas del ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, entre ellas la prohibición de salir de Reynosa y del país.
Lo anterior ocurrió luego de que compareciera a juicio, acusada de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades.
En su calidad de servidora pública y titular de Finanzas del gobierno anterior, dio un uso distinto a los fondos públicos que tenía a su cargo por un monto de 139 millones 228 mil 239 pesos.
Durante la audiencia, el juez dispuso la firma periódica de Arteaga Reyna en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días, así como una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa y del País.
También, se estableció que la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.
La Secretaria fungía como Subsecretaria de Ingresos, y a partir de 2017 hasta terminar la administración de Cabeza de Vaca en septiembre de 2022, se desempeñó como titular de Finanzas en el Estado.
Arteaga se suma a los cinco ex funcionarios de la administración anterior procesados por delitos que van desde quebrantos millonarios al erario, corrupción y uso indebido de atribuciones y facultades.
La citada lista la conforman Elda Aurroa Viñas Herrera, ex Contralora Gubernamental; Rómulo Garza Martínez, de la Sebien; Mario Gómez Monroy, de Educación; Gilberto Estrella, de Seduma y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, de Administración.
En lo que representó una nueva embestida contra la gestión del ex mandatario de Acción Nacional, la administración del Gobernador morenista Américo Villarreal anunció el 29 de septiembre que por lo menos 86 funcionarios, incluido García Cabeza de Vaca, fueron inhabilitados por faltas administrativas.
A su vez, el 29 de agosto de 2025 la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias, entre ellas 14 de orden penal, contra el ex Gobernador y varios de sus ex funcionarios, por la presunta adjudicación ilícita de contratos que suman un quebranto al erario por el orden de los 344 millones de pesos.
