San Luis Potosí, SLP.- Caer en un bache en San Luis Potosí no solo representa un golpe al bolsillo, sino un riesgo real para la vida. En una ciudad donde cada lluvia deja cicatrices en el pavimento y cada reparación oficial termina en un nuevo borde mal nivelado, los ciudadanos pagan con dinero, tiempo y, en algunos casos, con sangre, la negligencia institucional que ha normalizado el deterioro de nuestras calles.
El ejemplo más evidente es el puente de Avenida Universidad, una vialidad emblemática de la capital potosina. En teoría fue rehabilitada hace unos meses; en la práctica, quedó peor, los baches fueron rellenados a medias y las irregularidades del asfalto dejaron bordos que provocan pérdida de control, vibraciones y accidentes. Cada vehículo que pasa rebota, se ladea o frena de golpe. Cada conductor cruza con la esperanza de no ser el siguiente en pagar por un error ajeno.
Hace apenas unos días, una motocicleta fue arrollada por un camión urbano en la bajada del mismo puente, frente a la Plaza de Toros. El conductor del camión, que descendía a gran velocidad, no logró frenar; el impacto fue fatal. Testigos aseguran que el pavimento irregular y los bordes mal reparados dificultan maniobrar en esa zona. No fue un accidente aislado, fue el resultado predecible de una obra mal ejecutada y peor supervisada.
En San Luis Potosí, los baches ya son parte del paisaje urbano, pero sus consecuencias son devastadoras. Parchar una llanta cuesta entre 50 y 100 pesos, mientras que un vulcanizado interno ronda los 200 pesos. Si la llanta revienta o el rin se daña —lo cual ocurre con frecuencia en autos con rin 17 o más grandes—, el reemplazo puede costar entre 1,000 y 3,500 pesos, según el tipo y la marca.
Y cuando el golpe alcanza la suspensión, la alineación o los amortiguadores, el gasto se dispara, hay quienes han pagado hasta 12 mil pesos por reparar los daños provocados por un solo bache.
Un automovilista que circula a diario por la zona industrial relata que su rin 17 ha tenido que ser reparado 12 veces en lo que va del año por caer en los mismos huecos mal tapados. “Ya ni reclamo —dice resignado—, porque cada parche lo dejan peor que el anterior. He gastado más de 15 mil pesos solo en eso, y el ayuntamiento ni se asoma”.
Pero el problema no se queda ahí. Cada frenón para esquivar un bache genera mayor consumo de combustible, tráfico más denso y riesgo de choques por alcance. Los motociclistas, que no tienen margen de error, se juegan literalmente la vida. Un borde de asfalto mal compactado puede ser suficiente para que una llanta derrape o una moto se descontrole.
No es solo el puente de Universidad. Las laterales de la Carretera 57, rumbo a la Zona Industrial y de regreso, están en condiciones deplorables. Miles de trabajadores las usan todos los días para llegar a sus empleos, mover mercancías o llevar a sus hijos a la escuela.
Cansados del abandono, los ciudadanos lanzaron una petición en Change.org que ya suma casi mil 400 firmas, exigiendo la rehabilitación integral de la vía. En el texto, Álvaro Leyva, iniciador de la campaña, pide que el Gobierno del Estado y los municipios de San Luis Potosí y Villa de Pozos incluyan una partida anual para mantenimiento. “No podemos permitir que el deterioro de esta vía siga interfiriendo con nuestras vidas y comprometiendo la seguridad de familias y trabajadores”, señala.
La denuncia tiene razón, la falta de mantenimiento adecuado en la Carretera 57 impacta no solo la infraestructura, sino la calidad de vida y la seguridad de quienes transitan por ella. Cada bache no reparado a tiempo es una trampa mortal disfrazada de descuido administrativo.
Lo más grave no es la existencia de los baches, sino la ineptitud con la que se corrigen. Los parches improvisados sin nivelación ni compactación adecuada se convierten en bordos peligrosos. La falta de supervisión técnica permite que las obras duren días en secarse sin señalización alguna.
El resultado, el ciudadano paga doble. Paga con sus impuestos para que el bache se tape, y luego con su propio dinero para reparar el daño que deja el bache mal tapado.
Además, no existe coordinación entre niveles de gobierno. Tramos que corresponden al municipio de San Luis Potosí y otros a Villa de Pozos se encuentran en disputa burocrática, y mientras se decide quién debe arreglarlos, el asfalto sigue rompiéndose, los autos siguen cayendo y los accidentes siguen ocurriendo.
Cada bache tiene dueño, aunque no haya nombre ni apellido. Detrás de cada daño, cada derrape, cada muerte en una avenida en mal estado, hay una omisión oficial, una reparación mal hecha, una falta de supervisión, un contrato sin seguimiento.
Lo que está en juego no es solo la comodidad del conductor, sino el derecho básico a transitar seguro. Las autoridades suelen justificar los daños con lluvias o sobrecarga vehicular, pero el verdadero problema es la ausencia de planificación, la falta de mantenimiento preventivo y la costumbre de hacer todo “al ahí se va”.
En San Luis Potosí, un bache no es un hoyo en el pavimento, es el símbolo perfecto de cómo la corrupción, la indiferencia y la burocracia se cruzan en cada esquina.
Y mientras los gobiernos se reparten culpas, la ciudad se hunde centímetro a centímetro, y los ciudadanos seguimos pagando el precio, una llanta, un rin, o una vida a la vez.
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