La asociación agregó que el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo podría impactar negativamente a inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, además de provocar aumentos en los precios finales para los consumidores.
Aunque reconoce la importancia de un marco jurídico que garantice derechos y certeza legal para la inversión, la ADI expresó su preocupación por algunas reformas propuestas, especialmente las que limitan la suspensión de juicios y restringen los efectos de las resoluciones judiciales.
"De manera especialmente alarmante, incluyen un artículo transitorio con efectos retroactivos. Este último representa un grave riesgo, ya que podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley", advirtió.
La asociación agregó que el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales.
"Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas", externó.
Además, señaló que, la aplicación inmediata de normas cuestionadas mientras se resuelve su constitucionalidad expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que afectan su viabilidad financiera.
"La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final", expuso en un comunicado.
Por último, mencionó que, en conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura, y desincentivan la llegada de capital extranjero.
"La ADI hace un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para que, en la discusión de esta reforma, se preserve no solo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho", acotó.
El organismo reiteró su disposición al diálogo con los Poderes de la Unión y con la sociedad civil organizada, con el propósito de construir soluciones que fortalezcan la certeza jurídica, protejan la inversión y permitan que el sector inmobiliario continúe siendo motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la creación de vivienda digna en México.
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