San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, el robo de agua se ha convertido en el nuevo “huachicol”, una práctica que, lejos de ser marginal, está extendida y arraigada en todos los niveles, desde tomas clandestinas en fraccionamientos residenciales, hasta pozos irregulares en zonas agrícolas y el llenado ilegal de pipas que distribuyen el líquido en plena crisis.
Detrás de este fenómeno, hay una constante, la opacidad institucional y la falta de control en la gestión del recurso más vital.
El término huachicol originalmente se usaba para describir el robo de combustible; hoy, se adapta con precisión a la problemática del agua.
De acuerdo con Antonio Cardona, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, el concepto de toma clandestina se refiere a “cuando una persona se conecta de manera dolosa a la red de distribución sin reportar este consumo ante el organismo operador". En pocas palabras, se están robando el agua”.
En la zona metropolitana de la capital potosina se estima que existen alrededor de 2,000 tomas clandestinas, revelan datos del Interapas, el organismo operador del agua. Cada día, su personal detecta entre tres y seis conexiones ilegales, distribuidas en colonias como Villa Magna, Lomas y el Barrio del Montecillo.
El robo no se limita a las tuberías urbanas. En la Huasteca potosina, agricultores han instalado bombas sin autorización en ríos y arroyos para regar caña y otros cultivos, mientras que en otras zonas se han identificado pozos perforados sin concesión, especialmente en la comunidad de La Florida, hoy bajo investigación por parte del propio Interapas.
El Interapas ha implementado programas de regularización de usuarios, clausura de tomas clandestinas con apoyo notarial, e imposición de sanciones económicas conforme a la Ley de Aguas del Estado. Sin embargo, como reconoce el propio investigador Cardona, “al ser tomas clandestinas, no hay información certera sobre cuántas existen realmente; la cifra cambia día con día”.
La falta de personal técnico, de inversión en infraestructura de monitoreo, y la poca transparencia en el manejo del agua hacen que el problema permanezca fuera del radar público.
A la par del robo directo en las redes de distribución, el especialista advierte otro fenómeno preocupante, el huachicol en las pipas de agua.
“Muchas pipas que circulan por la ciudad se abastecen de pozos clandestinos. No es legal que un pozo destinado a uso agrícola se utilice para llenar pipas y vender agua a la población”, explica Cardona.
Esta práctica, aunque aparentemente soluciona la escasez momentánea, está profundizando el deterioro de los acuíferos y favoreciendo el mercado negro del agua, que opera sin control ni regulación sanitaria.
La sobreexplotación del suelo: una bomba ambiental en marcha
San Luis Potosí enfrenta una sobreexplotación severa de su manto freático.
Entre 2020 a la fecha se tiene un registro de 528 aprovechamientos de agua, de los cuales 300 corresponden a pozos profundos, y seis fueron perforados en 2023 por el Ayuntamiento capitalino, con profundidades de hasta 700 metros, según registros de la Conagua.
El problema, advierte el investigador, no es solo técnico sino ambiental.
“El perforar pozos puede parecer lo más fácil desde el punto de vista administrativo, pero no lo mejor a mediano ni largo plazo. La extracción intensiva ya ha generado impactos severos en el suelo potosino, hundimientos, grietas y pérdida de capacidad natural de recarga.”
La sobreexplotación no solo reduce los niveles del acuífero, sino que aumenta la concentración de arsénico y fluoruro en el agua de consumo humano, mientras que —paradójicamente— el líquido de mejor calidad se utiliza para riego agrícola.
Expertos de la UASLP coinciden en que la solución no está en perforar más pozos, sino en reducir las fugas y sectorizar la red de distribución mediante tecnologías de macro y micromedición.
Actualmente, se estima que hasta el 40% del agua extraída se pierde antes de llegar a los hogares debido a fugas y tomas ilegales.
“Por cada diez litros que se extraen, cuatro se pierden”, enfatiza Cardona.
Recuperar ese volumen sería equivalente a sumar varios pozos nuevos sin perforar uno solo.
Asimismo, se propone reutilizar aguas tratadas en la industria y reconvertir el uso de agua de buena calidad en la agricultura, reservando las fuentes más puras para el consumo humano.
Uno de los mayores obstáculos para enfrentar el huachicol del agua es la opacidad institucional.
El propio registro público de derechos de agua —manejado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— ha sido señalado por contener errores e información desactualizada, lo que impide saber con certeza cuántos pozos legales o ilegales operan en el estado.
“Conagua ha reconocido fallas en su registro. Nosotros, como investigadores, lo sabíamos desde hace 20 años, la base de datos tiene errores graves. No hay suficiente personal para verificar la información. Esa es la triste realidad”, sostiene Cardona.
El huachicol del agua no solo representa un delito ambiental, sino una metáfora del colapso de la gestión pública en San Luis Potosí.
Robo, impunidad, negligencia técnica y falta de transparencia conforman un círculo vicioso que amenaza con convertir la escasez en una crisis estructural e irreversible.
El saqueo del agua no ocurre en la oscuridad, ocurre a plena luz, ante la pasividad de las instituciones.
Mientras el subsuelo se agota y las fugas se multiplican, las autoridades siguen apostando por perforar más pozos, en lugar de reparar los daños, castigar los robos y transparentar los datos.
En San Luis Potosí, el agua ya no se pierde, se la roban.
Y si no se detiene este huachicol silencioso, el futuro líquido del estado podría evaporarse mucho antes de lo que imaginamos.