Un nuevo reporte ha revelado que al menos 34 propiedades vinculadas al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, estarían registradas a nombre de terceros —presuntos prestanombres— en el estado de Campeche, lo que ha reavivado las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su contra.
De acuerdo con la información difundida, los inmuebles incluyen terrenos, residencias, canchas deportivas, áreas de recreación y accesos internos dentro de desarrollos residenciales en zonas de alto valor. Varios de estos predios, según la investigación, fueron adquiridos a precios muy por debajo del mercado, lo que ha despertado sospechas sobre su origen y legitimidad.
Propiedades bajo la lupa
Los bienes inmuebles se ubican principalmente en Campeche capital, Chicbul, Carmen y zonas costeras con alta plusvalía.
Las autoridades señalan que algunos de los supuestos propietarios no cuentan con capacidad económica comprobable, lo que refuerza la hipótesis de que podrían fungir únicamente como intermediarios o prestanombres del exgobernador.
Entre las propiedades destacadas se encuentran:
*Terrenos con accesos exclusivos y áreas de recreación privadas, presuntamente adquiridos durante su gestión como gobernador.
*Espacios deportivos y canchas cerradas al público, vinculadas a residencias de lujo.
*Parcelas rurales que fueron revalorizadas tras obras de infraestructura estatal, generando beneficios patrimoniales indirectos.
Contexto de denuncias
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha mantenido desde 2022 una batalla política y legal contra “Alito” Moreno, a quien acusa de haber utilizado su cargo público para enriquecerse ilícitamente.
Sansores afirmó que varios de los terrenos en cuestión fueron adquiridos mediante mecanismos de simulación y que las escrituras evidencian un patrimonio desproporcionado en relación con los ingresos del político.
Asimismo, las autoridades locales han señalado posibles conflictos relacionados con expropiaciones estatales y transferencias irregulares de dominio, algunas realizadas a través de intermediarios o empresas fantasma.
“Se trata de operaciones diseñadas para ocultar la verdadera propiedad de los bienes y dificultar su rastreo legal”, indicó una fuente cercana al gobierno estatal.
Un patrimonio en entredicho
Aunque “Alito” Moreno ha negado todas las acusaciones y asegura que su patrimonio es producto de su trayectoria política y profesional, las revelaciones recientes intensifican el escrutinio público sobre sus bienes.
El dirigente priista enfrenta desde hace varios meses señalamientos por enriquecimiento inexplicable, luego de que se difundieran audios y documentos en los que presuntamente se refieren maniobras financieras y adquisición de propiedades a nombre de familiares o allegados.
Implicaciones políticas y legales
De confirmarse las irregularidades, el caso podría escalar hacia instancias federales por lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio y uso indebido de funciones públicas.
Especialistas en derecho patrimonial señalan que el uso de prestanombres es una práctica común en esquemas de simulación de propiedad, pero puede derivar en procesos penales cuando se comprueba que el objetivo fue ocultar activos o evadir la fiscalización del Estado.
El caso “Alito Moreno” se suma a una serie de escándalos que han golpeado al PRI, en medio de su búsqueda por reposicionarse políticamente.
Mientras tanto, la gobernadora Layda Sansores ha reiterado que seguirá documentando las presuntas irregularidades, afirmando que “la verdad sobre el patrimonio del exgobernador tarde o temprano saldrá a la luz”.
