San Luis Potosí, SLP.- El conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) volvió a encenderse luego de que el titular de este organismo, Rodrigo Lecourtois López, advirtiera que el rector Alejandro Zermeño Guerra y otros funcionarios universitarios podrían enfrentar responsabilidades personales por la negativa de la institución a abrir a revisión los recursos autogenerados durante 2023.
El señalamiento del IFSE no está dirigido contra la universidad como ente jurídico, sino de manera directa contra quienes encabezan la administración. De acuerdo con Lecourtois López, las eventuales consecuencias serían individuales y cada funcionario debería responder con sus propios medios, sin utilizar recursos públicos para su defensa.
El rector Zermeño, respaldado por el Consejo Directivo Universitario, ha sostenido que la UASLP no está obligada a entregar al órgano fiscalizador información sobre ingresos que no provienen ni de la federación ni del estado, pues se trata de recursos autogenerados mediante cuotas, servicios y proyectos propios de la institución.
La universidad promovió una controversia constitucional en contra de la decisión del IFSE, misma que aún espera resolución en instancias judiciales. Mientras tanto, el organismo insiste en que su postura es legal y advierte que confía en que los tribunales les darán la razón, como ha ocurrido en otros procesos legales que ha enfrentado.
El fondo del debate coloca al rector Zermeño en el centro de un dilema, defender la autonomía universitaria y el manejo interno de los ingresos propios o acatar la interpretación del órgano fiscalizador que busca someter a revisión estos recursos.
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