La reforma a la Ley de Amparo pone en riesgo la certeza jurídica y puede frenar la inversión y la generación de empleo, advirtió el sector privado.
El sector patronal calificó la reforma como un grave retroceso porque comunidades, organizaciones y empresas podrían quedarse sin representación.
"La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México.
"Corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. Por ejemplo, un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato", afirmó Coparmex.
Añadió que, en materia de suspensión del acto reclamado, se observa rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata.
Y en casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio.
"Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias", dijo Coparmex.
Añadió que otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos.
Explicó que, al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas.
Añadió que aún más grave es que en la sesión plenaria se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite.
"Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos", subrayó .
Por su parte, los industriales de la transformación advirtieron que hay elementos de la reforma que podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional.
Por ejemplo, la redefinición del interés legítimo. Es decir, la iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una "lesión jurídica real, actual y diferenciada", lo cual restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común, por ejemplo, en materia ambiental o de competencia.
También, la reforma excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica.
"En términos industriales, significa que una empresa podría perder de inmediato su concesión o autorización, aun si más adelante un juez le da la razón. Esto genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión", subrayó Canacintra.
Canacintra exhortó al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos.
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