La empresa multinacional Philips, con sede en los Países Bajos, presentó una demanda internacional contra el gobierno de México por un monto superior a mil millones de pesos (50 millones de euros), luego del retiro masivo de ventiladores médicos defectuosos que fueron utilizados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
La disputa, que se desarrolla ante instancias internacionales, representa uno de los casos más relevantes en materia de responsabilidad sanitaria y contractual surgidos tras la pandemia.
Ventiladores con fallas graves y riesgos para pacientes
Los equipos en cuestión fueron empleados en hospitales mexicanos para asistir a pacientes con enfermedades respiratorias graves. Sin embargo, tras diversas revisiones técnicas, las autoridades detectaron fallas críticas de seguridad que representaban riesgo de lesiones permanentes, fallos en la ventilación asistida e incluso exposición a materiales tóxicos provenientes de las espumas utilizadas en su fabricación.
Ante estos hallazgos, el gobierno mexicano procedió al retiro preventivo de los dispositivos, priorizando la protección de la salud pública. La decisión, respaldada por organismos sanitarios nacionales e internacionales, derivó en pérdidas económicas para la compañía y en una fractura en su relación contractual con las autoridades mexicanas.
La demanda de Philips
En su reclamación, Philips argumenta que el retiro fue “excesivo y arbitrario”, y que el gobierno mexicano no cumplió con los procedimientos de notificación ni de diálogo técnico antes de ordenar el retiro del mercado.
La empresa exige una compensación por daños y perjuicios superiores a los 50 millones de euros, alegando afectaciones a su reputación, pérdidas operativas y ruptura de contratos públicos suscritos durante la contingencia sanitaria.
Acusaciones cruzadas y demandas colectivas
La controversia ha escalado a nivel judicial e incluye también acusaciones de corrupción e incumplimiento contractual. Algunos reportes apuntan a presuntas irregularidades en los procesos de compra y certificación de los equipos médicos, adquiridos de forma urgente durante la pandemia.
Además, pacientes y familiares afectados por el uso de los ventiladores han iniciado demandas colectivas en busca de compensaciones económicas y medidas de reparación integral, argumentando daños físicos y psicológicos derivados del mal funcionamiento de los dispositivos.
Mientras tanto, Philips intenta deslindarse de responsabilidad directa, atribuyendo los fallos a las condiciones de uso y mantenimiento de los equipos por parte de las instituciones médicas mexicanas.
Respuesta del Gobierno de México
El gobierno mexicano ha defendido su actuación, señalando que la prioridad fue salvaguardar la vida y la salud de los pacientes. De acuerdo con fuentes oficiales, las decisiones de retiro se basaron en informes técnicos y alertas internacionales emitidas por agencias regulatorias de salud en Europa y Estados Unidos.
Las autoridades subrayan que ninguna empresa, por grande que sea, puede anteponerse al derecho a la salud pública, y que el Estado mexicano mantendrá su defensa ante instancias arbitrales.
Un caso que trasciende fronteras
La disputa entre Philips y México no es un hecho aislado. La empresa enfrenta procesos legales similares en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, donde miles de pacientes han denunciado daños ocasionados por los mismos modelos de ventiladores retirados del mercado.
Expertos en derecho internacional señalan que este caso podría sentar precedentes en materia de responsabilidad corporativa frente a contratos de emergencia durante crisis sanitarias.
En tanto, el litigio continúa, con Philips buscando resarcimiento económico y México defendiendo su soberanía sanitaria. El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones relevantes para futuras negociaciones de equipos médicos y la rendición de cuentas en tiempos de emergencia global.
