nacionales

Ricardo Salinas Pliego evalúa trasladar sus bienes y empresas a Canadá ante deudas millonarias

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y una de las figuras más polémicas del sector privado en México, estaría considerando trasladar parte de sus bienes y empresas a Canadá, en medio de una creciente presión financiera y fiscal tanto en México como en Estados Unidos.
 
Deudas y presiones fiscales
 
De acuerdo con reportes recientes, Salinas Pliego enfrenta adeudos millonarios con autoridades tributarias. En México, mantiene un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto que supera los 45 mil millones de pesos, correspondiente a ejercicios fiscales de sus empresas televisivas y bancarias.
 
A ello se suma una fianza de 25 millones de dólares impuesta por un tribunal de Nueva York, relacionada con demandas civiles y presuntas irregularidades financieras. Esta combinación de conflictos legales en ambos países habría llevado al magnate a analizar alternativas internacionales para proteger su patrimonio.
 
???????? Canadá, una posible ruta de resguardo
 
Fuentes cercanas al empresario señalan que Canadá aparece como una opción estratégica por su estabilidad financiera, sus tratados internacionales de protección de inversiones y la posibilidad de trasladar estructuras corporativas bajo nuevos esquemas fiscales.
 
Esta posible mudanza de activos se interpretaría como un intento de evitar embargos o retenciones derivadas de los juicios en curso. No obstante, especialistas advierten que trasladar bienes al extranjero no extingue las obligaciones fiscales, ya que los litigios y las órdenes judiciales seguirían vigentes dentro del territorio mexicano.
 
Respuesta del Gobierno
 
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque Salinas Pliego busque mover sus bienes fuera del país, esto no afectará los procesos legales que actualmente enfrenta ante las autoridades mexicanas.
 
“Cualquier intento de trasladar patrimonio no modifica los juicios en curso ni las acciones legales que el Estado mexicano mantiene”, señaló Sheinbaum, enfatizando que su administración actuará con apego a la ley y sin privilegios.
 
Un debate sobre patrimonio y responsabilidad fiscal
 
El caso de Salinas Pliego reabre el debate sobre los límites entre la planeación financiera internacional y la evasión fiscal, así como sobre la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de grandes contribuyentes.
 
Expertos en derecho tributario advierten que, si bien es legal establecer estructuras de inversión en otros países, la transferencia de activos bajo litigio puede interpretarse como un intento de ocultamiento o evasión, lo que acarrearía nuevas sanciones.
 
Asimismo, el caso pone en la mira las estrategias de protección patrimonial que emplean algunos empresarios para resguardar su fortuna frente a demandas fiscales o juicios internacionales.
 
Contexto y antecedentes
 
Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y otras firmas de Grupo Salinas, ha mantenido una relación tensa con el gobierno federal desde el sexenio anterior. En múltiples ocasiones ha negado deber impuestos, alegando que sus compañías han cumplido conforme a derecho.
 
Sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que existen resoluciones judiciales firmes que confirman el adeudo, lo que ha escalado la confrontación mediática y legal.
 
Un caso emblemático
 
De concretarse el movimiento de activos hacia Canadá, este episodio marcaría un precedente en la relación entre el sector empresarial y el Estado mexicano, evidenciando los desafíos para garantizar la rendición fiscal entre las grandes fortunas del país.
 
Por ahora, el empresario no ha emitido una declaración oficial sobre el presunto traslado de bienes, aunque su equipo legal ha reiterado que continuará defendiendo sus derechos en tribunales nacionales e internacionales.
 
El desenlace de este caso será clave para determinar hasta dónde puede llegar el Estado mexicano en la recuperación de recursos fiscales, y cómo responden las grandes corporaciones ante presiones judiciales transfronterizas.
 
OTRAS NOTAS