Una mayoría de siete votos en la Suprema Corte de Justicia rechazó la propuesta de la Ministra Lenia Batres de poner límites a la facultad sancionadora del Instituto Nacional Electoral (INE).
Batres fue la encargada de plantear una respuesta a la denuncia de Contradicción de Criterios 1 /2024, presentada en enero de 2024 por Xóchitl Gálvez, a quien el INE había sancionado por publicar en redes sociales imágenes de menores de edad con el rostro difuminado.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el castigo, pero la particular alegó que el acto no se encuentra explícitamente tipificado en la ley electoral y que, por otra parte, la Corte ha dictado que el principio de tipicidad del derecho penal es aplicable a las sanciones administrativas.
Esa era la presunta contradicción de criterios que Batres planteó declarar como existente y con la que llamó, además, a limitar lo que llamó la conducta discrecional de la autoridad electoral. Alegó, incluso, casos de presuntos fraudes del pasado donde no se admitió el conteo casilla por casilla.
"Yo creo que es muy importante que la autoridad electoral de nuestro País tenga límites y los límites que debe tener deben estar establecidos en la ley. En nuestro País ha habido escándalos de fraudes electorales que tienen muchísima evidencia. En el que la autoridad electoral ha definido no abrir una sola casilla y, es más, destruir el material comprobatorio en lugar de dejar transparencia en esos casos", sostuvo.
Sin embargo, sólo convenció a la Ministra Estela Ríos, ya que la mayoría defendió que, si bien es posible aplicar el principio de tipicidad penal, en materia electoral no es posible prever todas las conductas, por lo que en esa materia la interpretación es lo que ha permitido avanzar, como en la pasada elección judicial, donde se usaron acordeones para dirigir el voto.
"Muchas conductas y sanciones no están necesariamente en una ley, sino en un reglamento electoral o en lineamientos. En el último proceso electoral no teníamos propiamente un cuerpo normativo emitido por el Poder Legislativo y salió el proceso mediante lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral", dijo el Ministro Presidente, Hugo Aguilar
Ríos, en cambio, pidió tipificar todos los delitos para no afectar el bolsillo de los infractores en caso de cometer un delito administrativo.
"Creo que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tenemos derecho a tener seguridad respecto de cuándo debe aplicárselos una sanción y cuándo debe afectarse en nuestro patrimonio", dijo.
La mayoría de siete ministros rechazó que hubiera una contradicción de criterios al afirmar que la misma jurisprudencia de la Corte en materia penal avaló la adecuación en el ámbito administrativo.
"En la propia historia de nuestro país y la historia del derecho electoral nos hemos encontrado frente a injusticias, pero no por eso podríamos borrar de golpe toda la evolución que se ha generado precisamente para darle certeza al propio proceso electoral. Un ejemplo muy claro: ni la Constitución ni la legislación electoral contemplan una sanción para el uso de redes sociales y hoy en día el campo electoral se ha enfocado principalmente al uso de las redes sociales", dijo el Ministro Arístides Guerrero.
Los ministros sesionaron hoy en su sede alterna, el edificio del Poder Judicial de Avenida Revolución, debido a los cierres viales y bloqueos en el Centro Histórico por la manifestación de estudiantes en conmemoración de la represión militar del 2 de octubre de 1968. A propuesta de Batres, guardaron un minuto de silencio.
El Pleno de la Corte también avaló atraer la revisión de una jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Corte sobre la devolución de aportaciones y recursos acumulados de jubilados del IMSS, acordada en la primera audiencia ciudadana del 22 de septiembre.
"La Suprema Corte no puede olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia en este País", expresó Aguilar, antes de poner a votación la propuesta que fue avalada y cumplida.
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