Soledad de Graciano Sánchez, SLP.- La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad intensificó sus operativos durante los últimos dos meses y sancionó a ocho empresas locales por incumplir normas elementales de seguridad. Las multas aplicadas, que alcanzan hasta los 70 mil pesos cada una, se dirigieron principalmente a negocios del sector gasero y químico, considerados de alto riesgo por el potencial de explosiones e incendios.
Martín Bravo Galicia, titular de la dependencia, señaló que las actas levantadas exhiben omisión en medidas básicas de protección, como la falta de brigadas internas, inexistencia de programas de prevención y deficiencias en protocolos de emergencia. “No podemos permitir que en Soledad se repitan tragedias como las ocurridas en la Ciudad de México o en Mexquitic, donde los accidentes con gas cobraron vidas y dejaron decenas de heridos”, advirtió.
Además de las gaseras y químicas, Protección Civil enfrenta otro desafío que ha generado alarma vecinal, las tarimeras instaladas en zonas habitacionales. Estos establecimientos, dedicados al almacenamiento y reciclaje de madera, han sido escenario de incendios recientes que no solo destruyen las instalaciones, sino que también afectan a las casas cercanas con humo denso, olores nocivos y contaminación ambiental que deteriora la calidad del aire.
Vecinos han denunciado que, más allá de las pérdidas materiales, el impacto emocional y sanitario de estos siniestros ha quedado en segundo plano frente a la lentitud de las autoridades para imponer regulaciones más estrictas.
Si bien las sanciones económicas buscan frenar la negligencia empresarial, especialistas advierten que la multa por sí sola resulta insuficiente cuando la vida y seguridad de comunidades enteras están en juego. La omisión de planes de emergencia, la operación irregular de negocios de alto riesgo y la permisividad hacia actividades mal reguladas como el almacenamiento de madera, configuran un panorama preocupante para Soledad.
La prevención no puede quedarse en sanciones administrativas. Lo que está en juego es la seguridad de miles de familias que conviven a diario con industrias que, por falta de control y supervisión, se convierten en auténticas bombas de tiempo.
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