El panorama financiero de los municipios potosinos revela una contradicción que resulta indignante para la ciudadanía: por un lado, casi todos los ayuntamientos presentan irregularidades en el manejo de sus recursos; por otro, muchos de sus alcaldes y funcionarios cobran sueldos que superan incluso al del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), informó que alrededor del 90% de los municipios de San Luis Potosí solicitaron prórrogas para solventar las observaciones de la cuenta pública 2024. Es decir, la gran mayoría de las administraciones no pudo —o no quiso— entregar su contabilidad en tiempo y forma, lo que pone en evidencia deficiencias administrativas graves.
Aunque el IFSE asegura ser flexible, para dar más tiempo a los ayuntamientos, la ley es clara, si las observaciones no se justifican, los expedientes deben pasar a investigación y, eventualmente, derivar en sanciones o procesos judiciales. Sin embargo, la experiencia en San Luis Potosí muestra que estas consecuencias rara vez llegan a concretarse.
A la par de esta opacidad, otro dato genera indignación. Una investigación de Ciudadanos Observando reveló que 10 presidentes municipales, además de síndicos y regidores de algunos ayuntamientos, perciben sueldos superiores al del propio gobernador. El mandatario estatal gana, según el tabulador oficial, 91 mil 500 pesos mensuales, pero alcaldes como Mauricio Andrade, de Tamasopo, cobran hasta 140 mil pesos al mes.
Los casos más emblemáticos son los de Óscar Márquez, de Xilitla (128 mil 907 pesos); Rosa Angélica Martínez, de Ciudad del Maíz (114 mil 260 pesos); y Erick Giovanni Espino, de Villa de Ramos (108 mil 333 pesos). Incluso el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, aparece en la lista con 97 mil 663 pesos mensuales.
La contradicción se vuelve aún más ofensiva cuando se mide el ingreso de los ediles en relación con la población que gobiernan. Ángel Nava Loredo, de Cerro de San Pedro, recibe el equivalente a 12.68 pesos por habitante, un municipio con poco más de 5 mil habitantes. Algo similar ocurre con San Nicolás Tolentino, Lagunillas, Vanegas y Villa de la Paz, donde las percepciones de los alcaldes resultan desproporcionadas en comparación con el tamaño de sus localidades.
Lo más grave es que 28 ayuntamientos ni siquiera cumplen con sus obligaciones de transparencia, al no publicar información básica sobre salarios y tabuladores oficiales, o bien presentarla de forma incompleta y contradictoria. Esto significa que casi la mitad de los municipios opera en la penumbra, evadiendo el derecho ciudadano a conocer cómo se usan los recursos públicos.
La realidad de San Luis Potosí muestra a gobiernos locales que, mientras piden prórrogas para justificar sus cuentas y exhiben serias fallas administrativas, también se asignan sueldos que rebasan al del gobernador. Una doble moral que revela que la opacidad no es descuido, sino conveniencia.
El mensaje para la ciudadanía es claro, los ayuntamientos se muestran incapaces de manejar con responsabilidad las finanzas públicas, pero muy hábiles para asegurarse de que sus bolsillos estén siempre bien llenos.
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