Lo que se busca es establecer claramente que el Estado es el único responsable de regular y garantizar el uso del líquido y ordenar las concesiones
El Gobierno federal anunció que presentará al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales que impondrá diversos candados a las concesiones para el aprovechamiento de líquido.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, remarcó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que lo que se busca es establecer claramente que el Estado es el único responsable de regular y garantizar el uso del líquido y ordenar las concesiones.
Detalló que la iniciativa plantea que ya no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares, así como eliminar los cambios de uso y sujetar toda prórroga al análisis de la autoridad del agua.
Prevé además, indicó, crear un nuevo Registro Nacional del Agua.
Para combatir el uso indebido del agua, señaló Morales, se fortalecerá el procedimiento para la imposición de sanciones y multas, y se incrementaran las mismas.
En tanto, adelantó, para combatir el robo y el mercado negro del agua se creará un capítulo de delitos hídricos, que incluirá explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites y desvío ilegal del flujo o cauce natural
Las penas, apuntó, irán de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
El director de la Conagua confirmó que se prevé incluir el tema del agua en la legislación sobre extinción de dominio.
Además, resaltó que se contempla crear el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales
"Toda el agua que ingrese al fondo se reasignará mediante una planeación estratégica y se privilegiará el derecho humano al agua y la sustentabilidad", subrayó.
12 años después
El anuncio se da 12 años después de que venció el plazo indicado por la Constitución para expedir una nueva Ley General de Aguas, y a más de tres años de que la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso cumplir dicho mandato.
El 8 de febrero de 2012 fue publicada una reforma al artículo cuarto de la Constitución, para establecer el derecho humano al agua, y en un artículo transitorio, se dio al Congreso un plazo de 360 días para emitir la Ley General de Aguas, obligatoria para los tres niveles de Gobierno.
El Congreso nunca cumplió el plazo, y los Gobiernos del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador tampoco impulsaron el tema.
Por su parte, la Corte dictó el 24 de enero de 2022 una sentencia en la que determinó que el Congreso había incurrido en omisión legislativa absoluta.
Hasta la fecha sólo existe la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que no reglamenta el derecho humano establecido por la reforma de 2012, sino que se enfoca en temas técnicos, administrativos y de concesiones, previstos en el artículo 27 de la Constitución.
