San Luis Potosí, SLP.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha solicitado al Congreso del Estado que, en un plazo de 20 días hábiles, entregue informes detallados sobre el avance en el cumplimiento de tres sentencias clave de inconstitucionalidad.
Las sentencias requeridas son las derivadas de las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y 152/2022 (promovidas por Conciencia Popular y la CNDH), y la 67/2023 (promovida por la CEDH).
La SCJN recordó que la sentencia sobre las acciones 141/2022 y 152/2022 declaró inválidos diversos artículos de la Ley Electoral de San Luis Potosí y ordenó a la legislatura local realizar consultas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad en un plazo máximo de un año, una vez concluido el actual proceso electoral.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad 67/2023, el Máximo Tribunal declaró la invalidez de varios artículos del Capítulo VIII de la Ley de Educación del Estado, denominado “Educación Inclusiva”, y ordenó el desarrollo de una consulta a las personas con discapacidad en un plazo de un año.
Adicionalmente, la Corte obligó al Congreso a precisar si los recursos necesarios para realizar estas consultas ya fueron considerados en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2026.
La SCJN apercibió a las autoridades legislativas, específicamente a Sara Rocha Medina y Héctor Serrano Cortés, como titulares de la Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respectivamente.
En caso de no dar respuesta al requerimiento dentro del plazo establecido, podrían imponerse sanciones económicas de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 13 mil 576.80 pesos.
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