Mientras pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ignacio Morones Prieto” continúan manifestando su desesperación por la falta de trasplantes, la Secretaría de Salud estatal aseguró que el retraso no depende ya del Gobierno del Estado, sino de procesos administrativos federales.
La titular de la dependencia, Mariana Gómez Ordaz, explicó que, tras la federalización del antiguo Hospital Central, ahora bajo la administración del IMSS-Bienestar, se requiere una nueva certificación por parte de la Cofepris para poder reactivar los procedimientos quirúrgicos.
“En lo que respecta al ámbito local, el hospital ya cumple con todos los requisitos establecidos por la Coepris. Lo pendiente es un trámite federal que corresponde únicamente a la autoridad sanitaria nacional”, subrayó.
La funcionaria señaló que, aunque la Secretaría de Salud estatal ya otorgó las autorizaciones necesarias, la autorización definitiva recae en la Federación, y por tanto, no existe margen de acción para que el Gobierno estatal pueda acelerar la reanudación de trasplantes.
Incluso mencionó que el tema lo podría aclarar con mayor precisión Daniel Acosta Díaz de León, representante del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, ya que es esa institución la que lleva el proceso ante la autoridad sanitaria federal.
Mientras tanto, los pacientes permanecen en un limbo burocrático, listos para recibir la cirugía que podría salvarles la vida, pero sujetos a la lentitud de un papeleo que no distingue entre trámites administrativos y la urgencia médica.
El caso refleja cómo la transición al IMSS-Bienestar, más allá del discurso de fortalecimiento a la salud pública, arrastra un pesado lastre burocrático que impacta directamente en los pacientes. Lo que debería resolverse en un escritorio federal, hoy se traduce en semanas —o meses— de espera para quienes no tienen tiempo de sobra.
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