Septiembre en México no solo significa fiestas patrias: también es el mes de los informes de gobierno. Desde el Presidente de la República hasta gobernadores y alcaldes, todos presentan su balance anual del estado que guarda la administración pública. Se trata de una tradición política cargada de simbolismo, pero también de una obligación jurídica prevista en el artículo 69 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo Federal deberá entregar un informe anual por escrito al Congreso. Lo mismo ocurre en constituciones locales y leyes orgánicas municipales, donde gobernadores y presidentes municipales están sujetos a la misma exigencia.
La evolución del formato en México
El informe ha cambiado de rostro a lo largo de la historia. Durante gran parte del siglo XX, los presidentes encabezaban un acto solemne ante el Congreso: discursos de varias horas, aplausos interminables y ausencia de crítica. La liturgia del poder se imponía al espíritu de la rendición de cuentas. Fue hasta 2007 cuando Felipe Calderón rompió con la tradición al no leerlo en tribuna y entregarlo por escrito, dando paso a un formato más breve y, en apariencia, más democrático. Desde entonces, los informes se han transformado en auténticos espectáculos mediáticos: videos, infografías, redes sociales, transmisiones en vivo y “terceros informes ciudadanos” que convierten la rendición de cuentas en un show político.
El comparativo internacional
El contraste con otros países resulta revelador. En Estados Unidos, el State of the Union es un momento de auténtico debate político: legisladores interpelan, partidos responden y la ciudadanía mide de inmediato la fuerza del presidente. En el Reino Unido, la “Pregunta al Primer Ministro” cada semana obliga al jefe de gobierno a responder en vivo los cuestionamientos de la oposición. En Alemania y Canadá, los informes se acompañan de auditorías y reportes financieros verificables por la ciudadanía. México, en cambio, sigue atado a un esquema ritual y un tanto unilateral: el informe se entrega, se glosa en el Congreso, pero pocas veces genera deliberación profunda o contrapeso real.
El costo del ritual
Otra dimensión del debate es el costo. Informes que deberían ser ejercicios de transparencia muchas veces se convierten en eventos espectaculares: salones de lujo, escenarios, artistas invitados, difusión en radio, televisión y redes. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha documentado casos en que los informes estatales han alcanzado costos de hasta 20 millones de pesos. Recursos públicos destinados más a la escenografía que al verdadero propósito: rendir cuentas.
Termómetro y pasarela política
Con todo, el informe de gobierno no deja de ser útil: funciona como un termómetro político que permite medir la fuerza de cada administración y, al mismo tiempo, como una pasarela de liderazgos. La asistencia de invitados, los aplausos en los auditorios, los mensajes entre líneas y hasta la narrativa audiovisual revelan quién se perfila como actor político en los próximos años. A nivel federal, estatal y municipal, los informes siguen marcando la pauta: lo que ahí se dice —o se omite— puede ser la antesala de futuros cambios de rumbo o de candidaturas que buscan posicionarse.
Los informes son, en suma, una tradición política que no podemos ignorar. Su reto es no diluirse en la propaganda, sino consolidarse como el mecanismo que la Constitución concibió: un acto de rendición de cuentas. Pero también, en los hechos, son escenario para observar hacia dónde se mueven las fuerzas políticas y quiénes aspiran a ocupar espacios de poder en el futuro inmediato. En México, los informes de gobierno no solo cuentan lo que ya pasó: anticipan lo que está por venir.
Para observar en la semana
La agenda política no se detiene. Dos temas concentrarán la atención: primero, la renegociación del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC), que puede traer consecuencias directas para la economía potosina, particularmente en sectores como el automotriz y el de autopartes, donde San Luis Potosí es pieza clave en las cadenas de valor norteamericanas. Segundo, el debate sobre la modificación a la Ley de Amparo, que de aprobarse podría limitar la posibilidad de que los ciudadanos frenen decisiones del poder público mediante este recurso. Un cambio de tal magnitud impactaría a empresas, colectivos y personas en la defensa de sus derechos fundamentales.
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