Denuncian anomalías en gobierno de Rioverde

Rioverde, SLP.- Tras el informe de Gobierno presentado en el municipio de Rioverde, el regidor de oposición Salvador López Aguilar emitió su postura ante el primer informe gobierno de la actual administración local y el cuarto del alcalde rioverdense Arnulfo Urbiola Román, distribuyendo a medios de comunicación y por redes sociales su punto de vista.

 

López Aguilar señaló que,  como regidor, su obligación: “no es aplaudir ni guardar silencio, sino cumplir con la responsabilidad de vigilar, cuestionar y proponer. Siempre con respeto, pero también con firmeza”.

 

Destacó los siguientes puntos:

 

"Este Ayuntamiento ya ha sido sancionado por el Tribunal Electoral del Estado al violar mis derechos políticos, al negarme, en su momento, el derecho constitucional a rendir protesta como regidor. No fue un agravio personal: fue un grave precedente de abuso de poder y de falta de respeto a la legalidad.

 

"He sido testigo y también víctima de prácticas que no deben repetirse: retenciones indebidas de pagos a regidores de oposición, detenciones arbitrarias ejecutadas por la policía municipal y la negativa a entregar información transparente sobre créditos, deudas y el manejo de los recursos públicos.

 

"Este informe presume obras públicas, pero calla sobre las licitaciones amañadas, los sobreprecios evidentes y la opacidad en el gasto, incluyendo la presencia de numerosos “aviadores” en la nómina. Se ha pretendido condicionar al Cabildo para aprobar decisiones financieras sin contar con información completa, lo cual es inadmisible en un gobierno democrático.

 

"Y más grave aún: hemos visto persecución política hacia empresarios, emprendedores y adversarios, con negocios cerrados de manera arbitraria y con intentos de censurar la crítica constructiva al proyecto oficial. Eso no es gobernar: eso es sofocar la pluralidad y limitar el desarrollo económico de nuestro municipio".

 

Propuso al cabildo rioverdense fortalecer la transparencia de las obras, ofreciendo información pública sobre costos, financiamiento y supervisión, respeto al marco legal y resoluciones judiciales, así como: “Establecer una mesa de diálogo plural y permanente, donde la oposición tenga voz real y no solo voto, a fin de construir soluciones de fondo en beneficio de la ciudadanía”.