Señalé en un comentario anterior "¿Aporta el Estado valor a la economía?", que entre las ventajas comparativas del gobierno frente al mercado, se encuentra la de reducir los costos de transacción en la economía. En esencia, el tema se refiere a la regulación económica que, cuando agrega valor a la economía, debe orientarse a fomentar la competencia en el mercado de bienes y servicios.
Pero en México la regulación gubernamental se ha orientado (sobre todo después de la desaparición de la "Comisión Federal de Competencia Económica", que era una institución autónoma), a "estatizar" la regulación económica, protegiendo los monopolios y otras empresas estatales (por ejemplo, Pemex y CFE, entre otros), al otorgarles ventajas frente a competidores privados actuales y potenciales.
Sin embargo, este no es el único proceso mediante el cual la regulación "estatizada" distorsiona la asignación de recursos en la economía. La regulación, entre otras características, puede controlar los intercambios en la economía. Me explico: en las economías modernas, sean de mercado o sean socialismos de Estado (como México), todas las transacciones económicas se realizan mediante intercambios (bienes por dinero, pero también dinero por trabajo, dinero por servicios públicos, dinero por insumos, insumos por otros insumos, etc).
Lo anterior significa que si "alguien" (el Estado) controla estos intercambios, también puede controlar la economía. Lo pasmoso es que este control de los intercambios puede dar lugar a situaciones aberrantes, por ejemplo, la escasez de medicamentos que padecemos hace años (se eliminó cierta intermediación privada, para sustituirla por "compras del gobierno", alternativa mucho menos eficiente) pero no es el único caso; también constatamos - para nuestro pesar - que ¡existe escasez de gasolina magna!, en medio de un "huachicol" fiscal abrumador. Otra vez, se trata de intercambios, en este caso, de hidrocarburos de contrabando por dinero, incentivados, además, por el control de precios de las gasolinas.
El control de los intercambios tiene consecuencias imprevistas y da lugar, además, a una distorsión de la actividad productiva: en efecto, habrá mercados que serán menos rentables si están sujetos a una carga regulatoria excesiva; en consecuencia, los recursos se orientarán hacia actividades menos reguladas (o no reguladas) o se invertirán en el exterior; y aquí existe otra paradoja generada por el control gubernamental: se dejarán de producir bienes necesarios: alimentos y productos de primera necesidad, que usualmente están regulados y los recursos se orientarán a bienes que no son imprescindibles, como prendas de vestir de marca, joyería de fantasía y otros productos. El caso es que la regulación (aunada a los controles de precios) genera una escasez ficticia, sobre todo de bienes necesarios.
Los discursos gubernamentales, casi siempre, se niegan a reconocer estos efectos de la regulación económica y con frecuencia multiplican las regulaciones construyendo "pirámides regulatorias": es decir, se añaden regulaciones para, supuestamente, "corregir fallas" de las regulaciones ya existentes. Por ejemplo, dijo Sheinbaum que "la escasez de medicamentos se va a resolver cuando se distribuyan casa por casa"; es decir, se pretende "resolver" la escasez con otra regulación.
Esto puede explicarse como un "esquema de Ponzi" en materia de control gubernamental. Un "esquema Ponzi" es un fraude de inversión, donde el organizador paga a los inversionistas más antiguos con el dinero de los nuevos inversionistas. En realidad, no hay una inversión real ni ganancias legítimas; el esquema se mantiene con un flujo constante de nuevos fondos, y se derrumba cuando es imposible reclutar nuevos inversionistas o cuando muchos de ellos retiran su dinero.
En forma similar, las pirámides regulatorias son esquemas de Ponzi, que tornan inviables las actividades sobre-reguladas. Una vez que la sobre-regulación "mata" al negocio, la autoridad puede decidir "rescatarlo" y hacerlo estatal. Con esta "solución", desaparecen por arte de magia las regulaciones o, simplemente, no se aplican a la empresa estatal, pero sí a las competidoras privadas.
Moraleja: No sólo la propiedad estatal, sino la regulación abusiva destruyen al mercado.
Veremos
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