El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que castiga con hasta ocho años de prisión la adquisición, preparación, producción, fabricación, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.
La propuesta, reglamentaria de la reforma constitucional de diciembre de 2024 que prohíbe los vapeadores, sanciona también los actos de publicidad o propaganda para el consumo de estos dispositivos que se realicen mediante cualquier medio de comunicación, incluidos los digitales.
"Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos", indica.
Las penas propuestas por incumplir estas disposiciones van de uno a ocho años, y multas de entre 11 mil 314 pesos a 226 mil 280 pesos.
Señala que la autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, aplicación de medidas de seguridad y las disposiciones sanitarias, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades.
La iniciativa define los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas y dispositivos análogos como todo aparato o sistema mecánico eléctrico o de cualquier tecnología que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por personas consumidoras.
De acuerdo con la exposición de motivos, el consumo de estos productos ha evidenciado diversas afectaciones a la salud, entre ellas el consumo de sustancias tóxicas como consecuencia del accionamiento de una batería eléctrica y las sustancias que contienen, así como el desprendimiento de partículas tóxicas por el contacto con sus componentes o accesorios sólidos.
Agrega que a pesar de ello, las etiquetas sólo declaran que contienen saborizantes y nicotina.
"Del análisis cromatográfico realizado por la Cofepris, se constató la presencia de sustancias altamente tóxicas para el consumo humano", indica.
El documento afirma que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos también ha advertido sobre el alarmante riesgo en los sistemas o dispositivos electrónicos de calentamiento o vaporización sin combustión por contener glicerina, propilenglicol y glicerol que al inhalarse provoca daños severos.
"El uso sucedáneo de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos análogos, produce riesgos a la salud que afecta a las personas usuarias y a quienes las rodean e impactan a las instituciones de salud pública que destinan recursos humanos y económicos para la atención de los riesgos producidos y la atención de pacientes", sostiene.
La iniciativa presidencial señala también que la Secretaria de Salud coordinará llevará a cabo lo procesos de contratación consolidada de medicamentos, insumos médicos y equipo médico de alta tecnología.
Esto para generar un "mejor entendimiento con la industria" farmacéutica.
Además, la Secretaría dará seguimiento y asesoría durante los procesos de contratación consolidada y su ejecución y coordinará la planeación, la creación, la sustitución y la ampliación de unidades médicas, así como para el equipamiento médico de alta tecnología mediante la implementación de un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud.
La iniciativa plantea también la regulación de hemoderivados y su industrialización para garantizar la seguridad y su disponibilidad.
Asimismo, propone considerar como estupefacientes sustancias como acetilfentanilo, bencil-fentanilo, beta-hidroxifentanilo, bromuro de cencilfentanilo, bromuro de fentanilo y furanilfentanilo.
