En los últimos meses, la polémica ha crecido en torno a Electrolit, una bebida que se vende como “medicamento” en México y que ha sido promovida como una opción para hidratarse y recuperar electrolitos. Sin embargo, especialistas en salud advierten que su consumo excesivo podría ser más dañino que benéfico.
¿Medicamento o simple bebida azucarada?
La controversia radica en que Electrolit es comercializada bajo la etiqueta de “solución rehidratante”, lo que le permite colocarse en farmacias y centros de salud como si se tratara de un producto medicinal. Pero al revisar su contenido, se encuentra que contiene más azúcar que un refresco tradicional, lo cual contradice su supuesto carácter “terapéutico”.
Nutriólogos señalan que este nivel de azúcares no solo impide la hidratación efectiva en algunos casos, sino que puede agravar problemas en pacientes con diabetes, hipertensión o enfermedades renales.
El vacío legal y fiscal
Otra parte de la polémica está en el ámbito fiscal. Al venderse como “medicamento”, Electrolit no paga impuestos como las demás bebidas azucaradas, lo que representa un fuerte golpe a las finanzas públicas.
De acuerdo con estimaciones, esta situación habría costado al país casi 12 mil millones de pesos en recaudación, cifra que despierta críticas sobre los beneficios fiscales que la industria obtiene frente al impacto en la salud pública.
Voces críticas
Organizaciones civiles y expertos en salud pública han denunciado lo que llaman una “estrategia de marketing engañosa”, pues muchas personas creen que están comprando un medicamento cuando en realidad están adquiriendo una bebida con altos niveles de azúcar.
“Electrolit no hidrata, engaña. No debería estar exenta de impuestos ni venderse como un medicamento”, afirman activistas de salud.
El debate continúa
Mientras la marca insiste en su efectividad y mantiene su presencia en farmacias, médicos y consumidores continúan exigiendo que la Cofepris revise a fondo su clasificación y que Hacienda evalúe retirar los privilegios fiscales.
El caso pone sobre la mesa una discusión más amplia: ¿hasta qué punto las empresas pueden aprovechar vacíos legales para comercializar productos poco saludables como si fueran de uso médico?
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