San Luis Potosí, SLP.- En el mapa global de la migración, México ha dejado de ser únicamente un puente hacia Estados Unidos, uno de cada dos migrantes que pisa territorio nacional contempla establecerse en alguna de sus 32 entidades. Esa cifra, que a simple vista parecería alentadora, encierra un reto monumental, integrar de manera segura y digna a quienes llegan en busca de trabajo y protección.
El dato no es menor. Estimaciones compartidas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor del 48% de quienes llegan son menores de edad y 42% lo hacen en grupos familiares. Es decir, no hablamos sólo de individuos en tránsito, sino de hogares enteros que cargan con la esperanza de reconstruir su vida desde cero.
Frente a ello, en San Luis Potosí —donde los flujos migratorios no cesan— el municipio capitalino firmó un convenio con la OIM. El objetivo es claro, capacitar al personal público en atención humanitaria, abrir ventanillas de información y, sobre todo, vincular a los migrantes con empleos formales que no los expongan a fraudes o condiciones de explotación.
El discurso oficial insiste en que hay apertura de empresas, principalmente en los ramos industrial, automotriz, de servicios y comercio. Pero la realidad tiene matices. ¿Cuántos de esos empleos ofrecen seguridad social? ¿Cuántos respetan realmente los derechos humanos de quienes ya llegan vulnerados por el desarraigo, la violencia o la pobreza?
En paralelo, el municipio asegura que ya no es la policía la que atiende estos casos, sino instancias como el DIF, que reciben solicitudes de acceso a escuelas y alimentación. Ese viraje institucional suena alentador, aunque todavía no hay claridad sobre cuántos migrantes logran efectivamente integrarse, ni cuáles son los mecanismos de seguimiento para evitar que la ayuda se quede en lo asistencial y no trascienda a la verdadera inclusión.
El riesgo es que el fenómeno migratorio se vea como un problema coyuntural y no como un desafío estructural. Hoy la mitad de los migrantes quiere quedarse en México; mañana esa cifra podría aumentar. Pero sin políticas públicas firmes, sin un sector privado realmente sensibilizado y sin un sistema de protección robusto, la tierra de oportunidades puede convertirse en terreno fértil para nuevas formas de marginación.
La pregunta de fondo no es si México tiene capacidad para recibir migrantes. La verdadera cuestión es si tiene la voluntad política y social para integrarlos en condiciones de justicia. Porque cuando se trata de movilidad humana, el destino no se mide en kilómetros recorridos, sino en derechos conquistados.
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