Estas sanciones no se limitarán únicamente a transportistas y distribuidores
Las empresas y personas morales que no cumplan con las nuevas disposiciones de trazabilidad en combustibles, publicadas este martes, podrían enfrentar multas de entre 1.9 y 38.9 millones de pesos, la cancelación de permisos e incluso sanciones por delitos en materia de hidrocarburos, advirtieron especialistas en normatividad energética.
Estas sanciones no se limitarán únicamente a transportistas y distribuidores, sino que también aplicarán a gasolineras y gaseras que no verifiquen la legalidad del combustible que reciben o comercializan.
Alicia Zazueta, directora de la consultora eServices, explicó que tanto gasolineras como empresas gaseras son responsables solidarias, ya que deben verificar, mediante un código QR, que las unidades estén registradas ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), tengan seguros vigentes y cuenten con permisos válidos otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Puntualizó que si detectan irregularidades, no deben recibir el combustible, ya que estarían incurriendo en faltas contempladas por la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos. Las sanciones pueden alcanzar los 38.9 millones de pesos, además de la revocación del permiso correspondiente.
Gabriel Rosas, director de Operaciones de Verifigas, coincidió en que tanto gasolineras como estaciones de gas deben negarse a recibir combustible de unidades que no cumplan con la trazabilidad requerida, ya que podrían estar involucradas en actividades de robo de combustible (huachicol).
Además, señaló que será un reto para las autoridades generar los QR requeridos en solo 15 días, considerando que existen más de 22 mil unidades de transporte registradas ante la CNE. En el caso del gas LP, se estima que hay alrededor de 250 permisos de distribución, aunque no se tienen cifras exactas sobre quienes transportan cilindros de gas.
Por su parte, Dora Luz Sotelo Limón, socia de GMB Abogados, alertó sobre el riesgo de emisión ilegal o clonación de QR desde las mismas instituciones encargadas, por lo que pidió mayor vigilancia en su generación y asignación.
Además, destacó la importancia de definir con claridad qué autoridades están facultadas para realizar inspecciones, con el fin de evitar abusos o detenciones arbitrarias en retenes.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que las empresas deberán asumir nuevos costos administrativos, capacitar al personal e implementar sistemas de GPS con monitoreo en tiempo real, como parte de las nuevas exigencias regulatorias para cumplir con esta nueva regulación.
.jpg)
