Representantes de la sociedad civil criticaron que la estrategia se base en el aumento a los precios y no exista una política de educación física en las escuelas
Especialistas en salud pública y líderes de asociaciones civiles advirtieron ayer que la propuesta del Ejecutivo para aumentar el gravamen a bebidas azucaradas y tabaco no es suficiente para disminuir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer y obesidad.
Aunque los expertos del sector salud aprobaron el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como una medida para disminuir las enfermedades y recaudar mayores fondos, también señalaron que está por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, representantes de la sociedad civil criticaron que la estrategia se base en el aumento a los precios y no exista una política de educación física en las escuelas.
En el marco del Foro sobre Impuestos Saludables, organizado por Morena en la Cámara de Diputados, el director de la organización Salud Justa, Erik Ochoa, avaló la proyección del Ejecutivo para aumentar el gravamen y que cada cigarro cueste 1.15 pesos; sin embargo, dijo que es insuficiente, pues la OMS plantea que el impuesto debe ser de 75 por ciento sobre el precio final al consumidor.
"Nuestra propuesta es aumentar los impuestos a tres pesos por cigarro para reducir el consumo en 41.3 por ciento, y aumentaría la recaudación en 26.3 por ciento. En 10 años se evitarían 73 mil 746 muertes prematuras, 17 mil 979 casos de cáncer, y aumentarían los ingresos por 176 mil 520 millones de pesos", planteó.
Paulina Magaña, del Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, recordó que la sugerencia de la OMS para las bebidas azucaradas sugiere un aumento de 20 por ciento sobre el costo final, es decir, 7 pesos extra por litro, y con ello se recaudaría 210 por ciento más de lo que ahora plantea el Paquete Económico.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, reclamó que el aumento al costo de los productos esté justificado con la disminución de la prevalencia de enfermedades crónicas, pues en una década de implementación no ha quedado claro en qué forma la política fiscal puede ayudar.