La falta de reglamentos en materia energética se ha convertido en un obstáculo más para la inversión privada en México
La falta de reglamentos en materia energética se ha convertido en un obstáculo más para la inversión privada en México, coincidieron especialistas del sector.
El pasado viernes venció el plazo para que la Secretaría de Energía publicara los reglamentos de las leyes relacionadas con electricidad, hidrocarburos, transición energética, biocombustibles y geotermia, pero hasta ahora no han sido dados a conocer, sin que ello implique consecuencias legales o administrativas para las autoridades.
Susana Carzola, consultora en regulación energética, afirmó que la ausencia de estos reglamentos se suma a otros factores que están generando una creciente incertidumbre entre empresarios, lo cual se refleja en la caída sostenida de la inversión fija bruta.
Por su parte, Beatriz Marcelino, CEO de Grupo CIITA, advirtió que esta falta de normatividad ha paralizado al sector energético. Aunque se han emitido ciertos acuerdos para estaciones de servicio, aún no hay claridad en temas clave como distribución, transporte, comercialización y permisos específicos.
Empresarios del sector temen comenzar construcciones o inversiones sin certeza de que obtendrán los permisos necesarios de la Comisión Nacional de Energía, lo cual ya ha ocurrido anteriormente con la desaparecida Comisión Reguladora de Energía.
Marcelino aseguró que su consultora tiene actualmente 50 proyectos detenidos, que abarcan desde transporte de combustibles y comercialización, hasta generación eléctrica de autoconsumo.
Las reformas a las leyes de hidrocarburos y electricidad aprobadas en marzo plantean un modelo más cerrado y centralizado, en beneficio de empresas públicas. Sin embargo, los reglamentos vigentes todavía responden al modelo anterior, lo que genera un vacío legal y operativo.
Uno de los conceptos más problemáticos es la "planeación vinculante", eje de la nueva legislación, pero que carece de una definición clara y deja en incertidumbre los criterios bajo los cuales se otorgarán permisos para proyectos energéticos, como los de almacenamiento o generación eléctrica superior a 20 megawatts.
Además, aunque la ley prohíbe procesar solicitudes de nuevos permisos en materia eléctrica sin reglamento, algunas solicitudes continúan siendo aceptadas, lo que refleja una aplicación discrecional de la política energética.
La falta de reglas claras, el retraso en su publicación y la incertidumbre jurídica han frenado la inversión privada, provocando un estancamiento del sector. Como resultado, la inversión fija bruta cayó 3.5 por ciento anual en el primer trimestre del año, una señal del impacto negativo que esta situación ya está generando en la economía.
.jpg)
