San Luis Potosí, SLP.- Hace poco más de un año que San Luis Potosí despenalizó la interrupción legal del embarazo (ILE), pero asociaciones feministas y autoridades estatales coinciden, el derecho existe sobre el papel, pero la desinformación, los trámites burocráticos y la falta de acceso siguen siendo barreras reales para muchas mujeres.
En noviembre de 2024, el estado reformó las leyes para permitir la ILE hasta cierto plazo, lo que implicó cambios en su marco normativo para garantizar el derecho a decidir.
Toda mujer que lo solicite puede ejercer ese derecho en cualquier institución de salud pública, incluido el Seguro Social, el Hospital del Niño y la Mujer, así como hospitales estatales, bajo protocolos establecidos.
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los Servicios de Salud de San Luis Potosí informaron que se realizaron aproximadamente 50 interrupciones legales del embarazo, afirma un reporte oficial.
Durante el primer semestre posterior a la despenalización (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025), se llevaron a cabo 76 procedimientos de ILE.
En lo que va de 2025, se han reportado siete muertes maternas en SLP, en el sector salud; algunas de éstas sin atención institucional.
Sin embargo, los datos públicos disponibles no desglosan claramente cuántas de estas muertes maternas son consecuencia directa de abortos clandestinos, complicaciones derivadas de abortos inseguros, o de otras causas obstétricas. Es decir, aún no hay una cifra oficial que muestre cuántas mujeres mueren específicamente por abortos inseguros en SLP tras la despenalización.
Actualmente, el Hospital del Niño y la Mujer es el único hospital autorizado para realizar abortos seguros en todo el estado; para quienes viven en comunidades alejadas esto implica largos traslados.
Autoridades del IMES señalan que muchas mujeres no tienen claro que tienen derecho al aborto legal, o desconocen cómo acceder al servicio. Se ha observado que recurren a fuentes no médicas o páginas web cuya información puede poner en riesgo su salud.
Algunos hospitales niegan el servicio, incluso cuando la ley lo ampara; hay falta de personal capacitado, medicamentos (como mifepristona y misoprostol) y procesos burocráticos que desalientan el ejercicio del derecho. Colectivos feministas han documentado casos de acompañamiento donde se proporciona la medicación, pero muchas veces no se ofrece respuesta adecuada desde las instituciones públicas.
El Instituto de las Mujeres del Estado de SLP (IMES), junto con otras instituciones, ha convocado sesiones extraordinarias de prevención para promover el derecho al aborto legal y difundir información fiable.
Se han llevado a cabo campañas educativas en ejidos y comunidades rurales, con acompañamiento para quienes busquen ejercer su derecho, con el fin de evitar que las mujeres deban trasladarse a la capital.
El IMES también solicita a las mujeres que recurran a profesionales de la salud confiables para informarse, con el fin de evitar riesgos derivados de información errónea.
Aunque la despenalización representa un paso histórico y esencial para la autonomía de las mujeres en SLP, la realidad demuestra que legalizar no es suficiente. El derecho tiene que materializarse con acceso real, con salud pública que lo garantice, con campañas de difusión eficaces, con hospitales suficientes habilitados en todo el estado, con personal capacitado, medicamentos disponibles, y sin estigmas que impidan a la mujer pedir ayuda.
Asimismo, es urgente que las autoridades identifiquen y transparenten cuántas muertes maternas están vinculadas a abortos inseguros. Sin esos datos, es difícil dimensionar el daño que genera la falta de acceso pleno.
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