San Luis Potosí, SLP.- Aunque la implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares está contemplada para 2027, será durante 2026 cuando deberán definirse con precisión las necesidades operativas y, a partir de ello, elaborar las propuestas presupuestarias correspondientes, afirmó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que este periodo será clave para que los nuevos jueces y magistrados realicen un análisis de los espacios y adecuaciones necesarias, particularmente en las salas del interior del estado, con el fin de garantizar que se alcancen los objetivos planteados en materia de atención y eficiencia judicial.
Zarazúa Martínez recordó que este cambio en el Poder Judicial no se limita a la sustitución de jueces y magistrados, sino que forma parte de una reforma integral, lo que implica la generación de nuevas propuestas para atender la problemática actual. Entre las prioridades, subrayó, será indispensable considerar cómo se dará solución al rezago en los asuntos judiciales que enfrenta actualmente la institución.
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