San Luis Potosí, SLP.- Durante el periodo del 1 de enero al 17 de septiembre de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 754 quejas por presuntas violaciones a derechos fundamentales en San Luis Potosí, siendo las mujeres quienes encabezaron los reportes, con 442 denuncias, frente a 312 presentadas por hombres.
Los datos revelan un panorama preocupante sobre la manera en que las instituciones públicas del estado ejercen sus funciones, pues los principales hechos violatorios están directamente relacionados con abusos de autoridad, omisiones en servicios básicos y vulneración de derechos a grupos vulnerables.
De acuerdo con la CEDH, la mayor parte de las denuncias se concentraron en los siguientes motivos:
Prestación indebida del servicio público: 67 casos.
Acciones u omisiones que vulneran los derechos de menores de edad: 62 casos.
Detención arbitraria: 59 casos.
Retraso injustificado en la integración de expedientes de investigación penal: 52 casos.
Impedir el acceso a servicios de educación: 51 casos.
Falta de honradez, imparcialidad y eficacia en la función pública: 49 casos.
Amenazas o intimidación: 43 casos.
Violencia y acoso escolar: 42 casos.
Lesiones atribuibles a autoridades: 41 casos.
Suspensión del servicio de agua potable y drenaje: 39 casos.
Aunque el informe no detalla los nombres de las dependencias con mayor número de quejas, los hechos violatorios permiten inferir los ámbitos donde los abusos son más frecuentes:
Corporaciones de seguridad pública: responsables de denuncias por detenciones arbitrarias, amenazas e incluso lesiones.
Fiscalías y ministerios públicos: señalados en los casos de dilación o retraso en investigaciones penales.
Secretaría de Educación y escuelas públicas: involucradas en quejas sobre acceso a la educación y falta de acciones contra el acoso escolar.
Ayuntamientos y organismos operadores de agua: en la suspensión o deficiencia en el servicio de agua potable y drenaje.
El informe de la CEDH exhibe un problema estructural, los abusos no son hechos aislados, sino patrones recurrentes en la administración pública. La cifra de 754 quejas en menos de nueve meses refleja no solo la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, sino también la necesidad de replantear mecanismos de control y vigilancia interna.
Resulta alarmante que los menores de edad aparezcan como uno de los sectores más vulnerados, con 62 casos, lo que evidencia fallas en la protección a la niñez potosina. Por otra parte, que el servicio de agua potable forme parte de las denuncias de derechos humanos, habla del rezago en la garantía de servicios básicos.
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la capacidad del Estado de garantizar derechos fundamentales. Que la mayoría de quejas recaiga en instituciones que deberían proteger —policías, ministerios públicos, escuelas y organismos de servicios básicos— muestra un círculo de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.
La CEDH presenta la estadística; ahora corresponde a las autoridades reconocer las fallas y asumir compromisos claros para que los derechos humanos en San Luis Potosí dejen de ser letra muerta.
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