Diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de garantizar una reinserción social efectiva para las y los jóvenes que hayan cumplido sus sanciones, evitando así la reincidencia delictiva.
La propuesta, suscrita por Reginaldo Sandoval Flores, Mary Carmen Bernal Martínez, Greycy Marian Durán Alarcón y Luis Fernando Vilchis Contreras, contempla modificar los artículos 2, 12, 46, 50, 71, 72, 77, 79, 81 y 154 de la normativa. El documento fue turnado a las comisiones de Justicia y de Juventud para su dictamen y opinión.
El planteamiento establece que la Federación y las entidades federativas cuenten con un área de reinserción social adscrita a la autoridad especializada en justicia para adolescentes, la cual se encargará de gestionar el acceso de los jóvenes a programas sociales, educativos y culturales que favorezcan su desarrollo integral.
Entre sus atribuciones se prevé dar seguimiento personalizado a las medidas impuestas, ofrecer apoyo a las familias y víctimas mediante acompañamiento en planes de reinserción social y familiar, así como coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la integración de los adolescentes en la comunidad.
La iniciativa también busca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fortalezca la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, con el fin de generar información sobre las causas que propiciaron las conductas delictivas, las condiciones de internamiento y los niveles de reinserción alcanzados.
De igual manera, se propone incorporar a las Secretarías de Bienestar, Cultura y de las Mujeres como autoridades corresponsables en el cumplimiento de la ley, así como reconocer el derecho de los adolescentes privados de libertad a acceder a medios de información, como internet, y a recibir activación física de manera permanente.
Los legisladores del PT subrayaron que actualmente la ley establece medidas mínimas que resultan insuficientes para garantizar una reintegración plena de los adolescentes a la sociedad. Argumentaron que sin un seguimiento adecuado tras el cumplimiento de las sanciones, existe un alto riesgo de reincidencia delictiva.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 del INEGI, al cierre de 2023 se tenía registro de 1,508 adolescentes que ingresaron a centros especializados de justicia, de los cuales 1,420 eran ingresos por primera vez y 88 correspondían a reingresos.
