Derivado de un pleito por los dividendos de la empresa, la Fiscalía de la Ciudad de México ejerció la acción penal contra dos de los principales ejecutivos de Grupo Alpura, el gigante de los productos lácteos, por una presunta administración fraudulenta.
La Fiscalía judicializó la carpeta de investigación contra Francois Xavier Boyra, CEO de Alpura, y Jorge Armando Mercado Pérez, director financiero de Ganaderos Productores de Leche Pura S.A.P.I. de C.V., una de las cuatro subsidiarias del grupo empresarial.
De acuerdo con informes recabados, ambos fueron citados a una audiencia inicial programada para este jueves a las 12:30 horas en una de las salas de audiencias del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México en Doctor Lavista.
La diligencia estará presidida por el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos y los dos imputados ya fueron advertidos en su citatorio que, de ausentarse sin causa justificada, podría librarse una orden de comparecencia judicial en su contra, para que sean llevados ante el juez por la fuerza pública.
Constituida en sociedad anónima en 1973, por un grupo de ganaderos y productores de leche de Querétaro, la empresa hoy está conformada por las sociedades anónimas Transportadora Alpura, Distribuidora Alpura, Ganaderos Productores de Leche Pura e Industrializadora de Leche de Delicias.
De acuerdo con sus estatutos, dichas empresas están integradas por los mismos accionistas bajo la administración de un mismo Consejo y Dirección Generales.
La denuncia que pretende llevar a los dos ejecutivos al banquillo de los acusados fue presentada por José Barroso Solana, uno de los accionistas que desde hace ya algunos años ha entablado demandas civiles contra las empresas del corporativo, según registros judiciales.
El denunciante acusó que varios de los accionistas administradores de segunda generación llevaron a cabo maniobras presuntamente fraudulentas para convertir a los socios fundadores en una minoría y retenerles indebidamente sus dividendos, de los cuales también desconocen su destino.
La razón es que, según el denunciante, en Grupo Alpura no se acostumbra a entregar a los accionistas el informe de estados financieros con la anticipación que la Ley contempla, un hecho que puede ser objeto de demanda, según un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los accionistas más jóvenes, herederos de las participaciones de sus padres, supuestamente tejieron un esquema jurídico tendiente a desconocer los derechos corporativos y patrimoniales de los pocos fundadores que aún viven.
Esta arquitectura de papel habría consistido en cambios constantes en los estatutos, autorizados en asambleas extraordinarias a las que no se convocan a las minorías.
