El transporte de carga por carretera representa más del 84 por ciento del movimiento doméstico
La sobrerregulación en el autotransporte federal de carga está afectando la competitividad de las empresas del sector, provocando aumentos en los costos logísticos que finalmente impactan al consumidor final, advirtieron especialistas.
Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, señaló que uno de los principales problemas para los transportistas son los permisos y restricciones de horarios de circulación impuestos por estados y municipios, los cuales varían y generan costos adicionales para las empresas, al tener que tramitar permisos por unidad o pagar sanciones por circular en zonas restringidas.
Además, destacó que el sector está sujeto a un exceso de normatividad: 9 leyes, 10 reglamentos y 8 normas a nivel federal. Esta multiplicidad normativa genera confusión y conflictos entre las autoridades y los transportistas, debilitando la competitividad del sector. Un ejemplo es la NOM-012-SCT-2-2017 sobre pesos y dimensiones máximas, que tiene aplicaciones distintas a nivel federal y estatal, lo que obliga a los transportistas a solicitar permisos adicionales según la jurisdicción.
El transporte de carga por carretera representa más del 84 por ciento del movimiento doméstico y el 83 por ciento del comercio exterior del País, por lo que esta problemática tiene un alto impacto nacional.
Romero criticó que muchas de estas regulaciones tienen fines recaudatorios por parte de los gobiernos estatales y municipales, en lugar de buscar la mejora del sistema logístico.
Entidades como Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Nuevo León, donde se concentran importantes hubs logísticos, son señaladas como las más problemáticas en términos de sobrerregulación.
Por su parte, Leonardo Gómez presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) hizo un llamado a continuar con la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para evitar la sobrerregulación en el transporte terrestre de carga. Destacó la necesidad de reconocer licencias de conducir tanto físicas como digitales, así como de fomentar la creación de bahías de carga y descarga en estados y municipios.
Gómez insistió en que el transporte de carga debe integrarse adecuadamente en la jerarquía de movilidad, respetando el equilibrio entre peatones, ciclistas, transporte público y la necesidad de mover mercancías a tiempo y a costos competitivos.
Añadió que muchas veces se responsabiliza erróneamente al transporte de carga por la congestión vial, lo que motiva regulaciones restrictivas sin justificación técnica.
Asimismo, advirtió sobre prácticas discrecionales en algunos municipios, donde se pretende cobrar por hora por cargar o descargar en la vía pública. Actualmente, la ANTP ha detectado que al menos 211 municipios en 30 estados exigen permisos especiales para estas actividades.
En cuanto al proceso de homologación normativa, se reconocen avances en estados como Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Sonora y Guerrero. Sin embargo, hay entidades rezagadas como Durango, Jalisco, Campeche y Aguascalientes, mientras que el resto aún trabaja en este proceso.
Gómez concluyó que con más de 2 mil 500 municipios en el País, la falta de armonización normativa vuelve ineficiente no solo a los estados, sino a todo el País. Para resolver esta situación, es fundamental entender las problemáticas locales y contar con la voluntad política para unificar la regulación y evitar así una sobrerregulación que afecta a toda la cadena logística.
La sobrerregulación en el sector del autotransporte federal de carga no solo resta competitividad a las empresas del ramo, sino también provoca mayores costos logísticos que terminan trasladándose al consumidor, aseguraron especialistas.
Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, indicó que algunos de los problemas que aquejan más a los permisionarios de este modo de transporte son los permisos y horarios de circulación que establecen algunos estados y municipios.
Esto, dijo, puede representar costos adicionales para la operación de las empresas porque se tienen que sacar permisos mensuales o anuales por unidad, o circular por zonas de tránsito limitado que pueden afectar la eficiencia en la entrega de mercancías en las cadenas de suministro.
"La restricción de horarios o de zonas de circulación, por ejemplo, aumenta los costos porque los transportistas tienen que pagar pensiones o sanciones excesivas si no se cumple con dichas regulaciones que imponen los estados o municipios", externó.
El especialista indicó que, además, existe un exceso de normas y reglamentos para el autotransporte de carga federal, el cual está sujeto a nueve leyes, 10 reglamentos y ocho normas a nivel federal.
"Esto puede generar falta de claridad en cuanto a la aplicación de las normas, lo que puede llevar a conflictos y disputas entre transportistas y autoridades. Esta sobreregulación afecta la competitividad de las empresas transportistas y las hace ineficientes en la entrega de mercancías", insistió.
Romero explicó que por ejemplo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aplica la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal
"Pero esto es ambiguo porque en la federal hay un tipo de reglamento, pero en la parte estatal son otras regulaciones y hay que pedir permisos", refirió.
Recordó que el movimiento de productos por camión representa más del 84 por ciento de la carga doméstica y el 83 por ciento de comercio exterior.
"La sobrerregulación es un abuso de autoridad, es un exceso con el objetivo de recabar fondos estatales y municipales. La sobrerregulación obedece principalmente a la captación de recursos y algunos estados y municipios se exceden para tener beneficios", expresó.
Por último, mencionó que algunas entidades donde es más crítica la sobrerregulación del transporte de carga son Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, entidades en donde se ubican los principales hubs logísticos.
Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Trasporte Privado (ANTP), señaló que es importante darle continuidad a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que se evite la sobrerregulación al transporte de carga terrestre.
Y asimismo, se da reconocimiento de las licencias de conducir físicas y digitales, y se promuevan bahías de carga y descarga de mercancías en los estados y municipios del país, señaló.
"Hay que cuidar la jerarquía de movilidad en el País. Entendemos la importancia de los peatones, los ciclistas, el transporte público de pasaje, pero el transporte de carga tiene que llevar los productos en tiempo y forma a un costo competitivo", comentó.
Agregó que, si un alcalde busca sobrerregular estableciendo horarios o rutas solo para el transporte de carga, limita las operaciones de este y muchas veces no es el problema en la saturación en vías principales.
"Por ejemplo, si en una zona o región donde hay gasolineras y Pemex requiere de surtir 24 horas, ¿Qué va a pasar con el oxígeno o medicamentos que requieren en algunas localidades si se restringe los horarios de circulación?", cuestionó.
Gómez explicó que si se prohíbe el tránsito de unidades pesadas de las diez de la mañana a las cinco de la tarde, algunas unidades se pueden quedar "atrapadas" sin completar su camino, lo que las obliga a detenerse para no infringir el horario de circulación.
No obstante, refirió que no siempre las unidades tienen donde detenerse, lo que ocasiona más problemas en la vía pública, mayor inseguridad, entre otros.
"Actualmente, hay municipios que están pretendiendo cobrar por cargar o descargar en la vía pública por hora. Sin parámetros, y con discrecionalidad. En ANTP hemos detectado que hay 211 municipios en 30 estados que piden permisos para carga y descarga y para circulación", refirió.
El líder transportista indicó que si bien ha habido algunos avances y se ha venido homologando la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el autotransporte en orden se ha venido homologando la ley estatal con la ley a nivel federal, como Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Sonora y Guerrero.
Y quienes no han hecho dicha homologación son Durango, Jalisco, Campeche, Aguascalientes. Mientras que las entidades restantes están trabajando en dicha homologación.
"En el país hay 2 mil 500 municipios, y pasar de un espacio a otro con su regulación vuelve ineficiente al municipio, al estado y al país. Conocer las problemáticas de cada entidad, y la voluntad de los actores nos permitirán buscar la solución normanda en vez de sobrerregular", puntualizó.
