El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 10, 32, 52, 54 y 55 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, a fin de combatir el desperdicio de alimentos mediante incentivos fiscales, campañas de concientización, así como la firma de convenios de colaboración con los bancos de alimentos de la localidad.
La propuesta, girada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, establece que para hacer efectivo el derecho de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social, a acceder a una alimentación adecuada, gratuitamente oa precios accesibles, las autoridades de los tres niveles de gobierno firmen convenios de colaboración con los bancos de alimentos de la localidad para incentivar las acciones que estos realizan en la recuperación y distribución de alimentos.
Asimismo, busca que se promuevan a través de los diferentes medios de comunicación, en espacios oficiales de radio y televisión y redes sociales de gobierno, campañas de concientización sobre la importancia de no desperdiciar alimentos y de fomentar su donación, además de aplicar programas de difusión a las personas consumidoras para fomentar hábitos que prevengan el desperdicio y cómo pueden donarlos.
Estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procurará ofrecer incentivos fiscales a las empresas que faciliten la donación de alimentos en condiciones adecuadas, así como aquellas que colaboren en su almacenamiento y distribución en coordinación con bancos de alimentos, tanto a nivel local como nacional.
También define que los establecimientos comerciales no desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por los seres humanos, en su caso, sean donados a los bancos de alimentos para su recuperación y dispersión entre la población más vulnerable.
El diputado Alonso Reyes considera que estas adecuaciones permitirán que la legislación se encuentre en consonancia con el principio de supremacía constitucional, genere certeza jurídica y garantía de claridad y aplicabilidad de las normas en materia de suficiencia alimentaria.
Además, evitarán que tanto individuos como entidades restrinjan el acceso de las personas a una alimentación adecuada. “La creación de un marco legal sólido no solo facilitará la protección de estos derechos sino que fomentará un entorno en el que se priorice el bienestar de la ciudadanía, especialmente de aquellos que enfrentan mayores dificultades en su acceso a recursos alimentarios”.
Explica que el desperdicio de alimentos se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes a nivel global y que México no es la excepción, ya que se estima que al año hay una pérdida cercana a los 30 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Expone que el problema del desperdicio de alimentos en México es multifacético y se origina por la producción excesiva, se generan cantidades que superan la demanda real, la insuficiencia de infraestructura adecuada para la distribución y almacenamiento, lo que provoca que muchos productos perecederos se deterioren antes de llegar a los consumidores y la escasa conciencia y educación sobre la importancia de este tema.
Argumenta que desde una perspectiva social, el desperdicio de alimentos resalta las desigualdades en la sociedad mexicana. Mientras que grandes cantidades son desechadas, millones de personas carecen de acceso a una alimentación adecuada; de ahí la importancia de que estos sean redistribuidos para beneficiar a aquellos que viven en condiciones de pobreza, al realizar una mejor gestión de los alimentos desaprovechados.
Por ello, añade es fundamental que se tomen cartas en el asunto y que cada individuo tome conciencia de su consumo, ya que cada alimento desechado representa no solo un recurso perdido, sino también el agua, la energía y el esfuerzo que se invirtieron en su producción.
