El ex diputado Juan Francisco Aguilar Hernández negó que sea amenaza o mecanismo de represión
San Luis Potosí, SLP.- La creación del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado no debe ser vista como una amenaza ni como un mecanismo de presión política, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia, consideró el ex diputado Juan Francisco Aguilar Hernández.
Aguilar Hernández consideró que el Tribunal de Disciplina debe partir de un principio elemental, que sus resoluciones tienen que estar apegadas a derecho, con un estándar claro y firme de legalidad, solo así podrá legitimarse ante los propios juzgadores y ante la sociedad que existe un Poder Judicial honesto, imparcial y profesional.
"Es inevitable mirar de reojo lo que ocurrió a nivel federal, donde la intención inicial de dotar de mayor control y disciplina al Poder Judicial terminó, en muchos casos, percibiéndose como una herramienta de amedrentamiento hacia jueces y magistrados. En nuestro estado no podemos permitir que se repita ese error", apuntó.
Además mencionó que la llegada de quienes quedaron finalmente como magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina en el Estado no es un simple cambio institucional, representa la apertura de una etapa inédita en la vida judicial local, cargada de expectativas y, al mismo tiempo, de enormes retos, ya que el nacimiento de este Tribunal debe ser la oportunidad de reconciliar la exigencia de disciplina con el respeto a la independencia judicial.
"En ese balance se juega no solo la credibilidad de los nuevos magistrados, sino la salud democrática del estado. Los ojos de la ciudadanía estarán puestos en ellos, y de sus primeras resoluciones dependerá que este nuevo órgano nazca con autoridad moral o quede marcado como un simple instrumento más".
Para concluir, indicó con claridad que aquel juzgador que resuelva en contra de derecho, que actúe con dolo, negligencia o corrupción, merece ser sancionado; pero también es indispensable que se respete la autonomía e independencia judicial: “Porque un tribunal disciplinario que se convierta en un mecanismo de control político sería tan dañino como un poder judicial sin sanciones. El equilibrio es clave: libertad de jurisdicción y autonomía para resolver conforme a las leyes, a su interpretación y a la valoración de las pruebas; pero con un límite inquebrantable: que sus decisiones nunca se aparten de la norma jurídica".