Magistrados calificaron como incongruente, ilegal y desproporcionada la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a juzgadores por aparecer en "acordeones".
E incluso, en defensa de los candidatos ganadores, los jueces argumentan que la mayoría de ellos se enteraron de la existencia de los acordeones hasta que el INE les pidió una explicación, pese a que fue un escándalo desde días antes de la elección del 1 de junio.
Con ese argumento, en los próximos días la Sala Superior del Tribunal Electoral prevé revocar las multas a 168 candidatos ganadores.
Los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes hicieron públicos sus proyectos de sentencia, en los que dan la razón a decenas de juzgadores que acusan al INE los multó sólo por aparecer en guías de votación, sin demostrar que, como candidatos, tenían conocimiento de su distribución o financiamiento.
Ambos consideran que si la mayoría de los candidatos se deslindaron, era suficiente para que la autoridad los exculpara, pero a ésta le bastó la sola existencia de los "acordeones" para dar por acreditada la infracción, sin indagar más allá.
"Lo único respecto de lo cual puede tenerse certeza es que las candidaturas conocieron de los materiales cuestionados a partir de los emplazamientos realizados por la propia autoridad en el marco de los procedimientos, y no por la sola circulación social de los mismos", argumenta Fuentes.
El 28 de julio, con seis votos contra cinco, el Consejo General del INE aprobó sancionar a 168 juzgadores por aparecer en "acordeones" físicos y publicados en internet, al considerar que esa promoción ilegal no podría quedar impune. La mayoría de los ganadores impugnó ante el TEPJF.
En sus proyectos, De la Mata y Fuentes resuelven 73 impugnaciones de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y sus nuevos homólogos en la Sala Superior, Claudia Valle y Gilberto Bátiz.
Fuentes asegura que la decisión del organismo electoral evidencia una contradicción insalvable, pues por un lado admite que los deslindes es el mecanismo para excluir responsabilidad, pero, al mismo tiempo, afirma que en los casos de aportaciones prohibidas no es jurídicamente viable un rechazo.
"Al desconocer el marco normativo y jurisprudencial, la autoridad vació de contenido la figura del deslinde y trasladó una carga de imposible cumplimiento a las personas candidatas, en contravención de los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia", apunta.
De la Mata coincide en esos argumentos, y recuerda que el Tribunal Electoral ya estableció que no hubo pruebas suficientes para determinar que los acordeones sí existieron o que hubo una distribución sistemática de dichas guías de votación ni el uso de recursos públicos o privados prohibidos.
"Ni en el expediente ni en la resolución controvertida obra prueba alguna que permita vincular a cada uno de los candidatos con los hechos por los que indebidamente fueron sancionados.
"La autoridad pasó por alto que para atribuir responsabilidad indirecta a una candidatura es indispensable que se acredite de manera fehaciente que la persona tuvo conocimiento del acto infractor, por lo que no es suficiente afirmar categóricamente que la propaganda le reporta un supuesto beneficio para considerar que se le puede atribuir responsabilidad", indica en su propuesta.
En sentencias anteriores la magistrada Janine Otálora advirtió que existieron "elementos indiciarios fuertes" para determinar que sí hubo una distribución generalizada de acordeones en todo el País.
Sin embargo, en su proyecto sobre multas a juzgadores, considera que el INE realizó una investigación deficiente, debió buscar "alternativas" para conocer el origen de dichas guías, comprobar la participación de candidatos y valorar adecuadamente sus deslindes.
Por ello plantea darle al Instituto 48 horas para concluir indagatorias y con pruebas más claras, determinar si mantiene las sanciones o incluso dar conocimiento a autoridades competentes.
"En su caso, deberá graduar e individualizar la sanción de manera particular a cada candidatura recurrente de la cual se haya detectado que existe un tipo de responsabilidad", apunta.
Hasta el momento, de los cinco magistrados, únicamente Reyes Rodríguez exige mantener las sanciones a juzgadores, por lo que se prevé revocar las sanciones.
Gilberto Bátiz, Claudia Valle y Felipe de la Mata han solicitado excusarse de la discusión, los dos primeros porque están en los proyectos, y el tercero porque ex integrantes de su equipo también fueron multados.
