El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, respondió a las declaraciones de la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, quien afirmó que el Gobierno del Estado no tiene adeudos con la institución. Zermeño fue contundente, lo que corresponde al ejercicio fiscal 2025 debe entregarse en recursos líquidos, como lo establece el convenio de colaboración con la federación, y no será aceptado en especie.
El rector explicó que el adeudo actual asciende a 183 millones de pesos, cantidad que de no cubrirse antes de la primera quincena de noviembre pondría en riesgo el pago de nómina, aguinaldos, aportaciones al fondo de pensiones y demás compromisos de fin de año.
“Para este año 2025, el convenio habla de recursos en líquido; lo que quedó pendiente del 2024 hacia atrás podría resolverse en especie siempre y cuando la Secretaría de Educación Pública federal lo autorice, pero lo de este año no se acepta bajo esa modalidad”, puntualizó.
Zermeño subrayó que la UASLP mantiene disposición al diálogo y confía en que, con la mediación del secretario general de Gobierno, el conflicto se resuelva sin afectar a la comunidad universitaria.
“Yo espero que con el diálogo esto se solucione bien; de lo contrario, a partir de la segunda quincena de noviembre ya no tendríamos cómo pagar sueldos ni aguinaldos”.
Por su parte, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, sostuvo que el Estado no mantiene adeudos con la UASLP. Argumentó que las ministraciones federales se entregan el mismo día que se reciben y que, además, la actual administración es la única que ha otorgado incrementos presupuestales anuales a la institución.
Incluso precisó que el acuerdo con la federación y la universidad contempla tanto recursos líquidos como en especie, y que por ello no existe incumplimiento por parte del Gobierno estatal. “Si se hace un ejercicio peso por peso, resulta que no hay deuda con la Autónoma”, aseguró.
El diferendo entre la Secretaría de Finanzas y la UASLP refleja no solo una discrepancia técnica sobre los términos del convenio, sino también un choque de narrativas, mientras el Gobierno estatal insiste en que no hay adeudo, la universidad advierte que, sin el pago en efectivo de este año, se verán comprometidos salarios y prestaciones de miles de trabajadores.
Más allá de la confrontación política, el fondo del asunto radica en la viabilidad financiera de la institución. La autonomía universitaria y la estabilidad laboral de sus empleados no deberían quedar sujetas a interpretaciones administrativas ni a juegos de discurso. La transparencia y la claridad en los convenios federación-estado-universidad son indispensables para evitar que los recursos destinados a la educación superior se conviertan en un terreno de disputa.
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