En México, los adultos mayores deberían vivir una etapa de tranquilidad, acompañada de certezas económicas mínimas que les permitan envejecer con dignidad. Hay políticas públicas que ven por el bienestar y tranquilidad del adulto mayor, hay apoyos económicos a nivel federal que los beneficiarios de la tercera edad reciben cada dos meses.
Sin embargo, la realidad es otra: se han convertido en el blanco perfecto de financieras que operan bajo esquemas abusivos, disfrazados de “apoyo”, aprovechándose de la vulnerabilidad de esas personas.
El mecanismo es tan perverso como simple: se les ofrece un préstamo rápido, con trámites mínimos, y a cambio se les da a firmar unos papeles, y estratégicamente entre esos papeles va metido el pagaré en blanco. Algunos, en su lucidez mental, cuidan leer o revisar que no haya espacios en blanco y evitan caer en la trampa, pero en su mayoria firman el pagaré con el espacio en blanco, el “espacio de oro” para las casas de préstamos y que se presentan cínicamente con carita feliz, con logos que reflejan ser una casa seria y así por el estilo. Luego de lograr la firma, esa hoja en blanco se llena con montos inflados y, en los tribunales, el documento adquiere fuerza legal porque un juez presume su validez formal. El resultado: personas de la tercera edad enfrentando deudas que nunca solicitaron en esos términos y embargos que llegan incluso a tocar sus pensiones, programas sociales y sus casas.
No hablamos de casos aislados. En estados como Veracruz se han documentado embargos directos a la Pensión del Bienestar. La práctica demuestra la facilidad con que las financieras encuentran resquicios legales para lucrar con la vulnerabilidad de los más débiles. Y es que los adultos mayores no solo enfrentan la trampa de los pagarés en blanco, sino también intereses usureros que multiplican una deuda inicial en cuestión de meses.
Aquí la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cómo es posible que, en pleno siglo XXI, y con políticas públicas de protección al Adulto Mayor se permita este tipo de explotación financiera en perjuicio de ese sector vulnerable? La respuesta está en una omisión legislativa y en la debilidad de los mecanismos de supervisión. La CONDUSEF no ha tenido dientes suficientes para detener estos abusos y mientras tanto, cientos de adultos mayores viven con el miedo de perder lo poco que tienen por confiar en una “casa de préstamos” que se vende como su salvación.
Es urgente que los legisladores actúen. No basta con blindar la Pensión del Bienestar contra embargos; se necesita una legislación integral que prohíba el acoso, el abuso y el engaño de las casas de préstamos contra los adultos mayores a través de diversos mecanismos que establezca topes claros de interés en créditos a adultos mayores. Que declare inembargables las pensiones, casa donde resida y cuentas receptoras de apoyos sociales. Que se obligue a que todo contrato con un adulto mayor se realice con supervisión de autoridad o certificación que garantice transparencia.
La vejez en México no puede seguir siendo terreno fértil para la usura. Lo que ocurre con las financieras que abusan de los adultos mayores en México no solo es un problema social y económico, también es una violación de derechos reconocidos en leyes nacionales e instrumentos internacionales.
Hoy, la verdadera prueba de sensibilidad política está en legislar para cerrar la puerta a estas financieras abusivas. Si no se hace ahora, ¿qué futuro espera a quienes algún día también llegaremos a la vejez?
