San Luis Potosí, SLP.- Pese a los operativos permanentes de la Policía Vial, el apartado ilegal de cajones de estacionamiento en San Luis Potosí continúa siendo un problema visible en distintos puntos de la ciudad. El propio alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que la práctica persiste y genera conflictos recurrentes entre automovilistas, vecinos y comerciantes.
El fenómeno no se limita al Centro Histórico, colonias como Alamitos, zonas comerciales como el Mercado República, Abastos y avenidas de alto flujo como Hernán Cortés enfrentan el mismo escenario. Incluso durante los tianguis dominicales, la situación se intensifica con calles prácticamente privatizadas por objetos que apartan los espacios.
De acuerdo con el alcalde, Enrique Galindo, todos los días personal de Seguridad Pública retira decenas de objetos colocados por franeleros o residentes para reservar lugares de manera irregular. “Es una lucha permanente por el espacio público”, admitió.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que se mantiene un programa de empadronamiento de franeleros y lavacarros con el fin de regular esta actividad. A la fecha, alrededor de 100 personas cuentan con credencial y comprobante de domicilio, lo que permite identificarlos formalmente y dar un mínimo de orden a su labor.
En un inicio, quienes se negaban a registrarse fueron sancionados —entre cinco y seis casos por semana— e incluso canalados a trabajo comunitario. Actualmente, las quejas han disminuido, pero el apartado indebido de espacios continúa y es atendido mediante operativos como la llamada barredora.
Villa Gutiérrez advirtió que, aunque se busca respetar la fuente de ingresos de los franeleros, también se pretende frenar los abusos, como el cobro excesivo o la exigencia de pagar por un lavado para poder estacionarse. Además, reconoció el papel del Comité de Seguridad del Centro Histórico, que colabora denunciando a quienes intentan imponer su presencia sin respetar la regulación.
La realidad es que, pese a los esfuerzos municipales y los programas de regularización, el problema persiste y muestra un patrón claro, el espacio público sigue siendo disputado entre la ciudadanía y quienes buscan apropiárselo bajo sus propias reglas.
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