San Luis Potosí, SLP.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso a emitir la Ley General de Extorsión, con la que se busca homologar la definición del delito, fortalecer la prevención y garantizar atención integral a las víctimas.
El diputado federal David Azuara subrayó que esta legislación debe traducirse en protección real y no en discursos, colocando a las víctimas como prioridad.
“En Acción Nacional hemos sido claros: estamos a favor de la reforma constitucional en materia de extorsión, para que las familias mexicanas tengan protección real frente a este delito por ello, impulsamos la Ley General de Extorsión porque México necesita un marco uniforme, eficaz y con visión integral para combatir este delito que ha crecido sin control”, precisó.
La extorsión es hoy uno de los delitos de mayor crecimiento y de más alto impacto social y económico en México. Tan solo en los últimos seis años, los casos se incrementaron en más de 57%, alcanzando en 2023 alrededor de 4.9 millones de incidentes, con un costo estimado de 124 mil millones de pesos para las empresas.
“Este delito no solo afecta el bolsillo de la gente; roba tranquilidad, libertad y futuro a las familias y comercios de todo el país”, señaló David Azuara, al subrayar que la iniciativa busca romper el ciclo de miedo e impunidad que ha mantenido a la sociedad atrapada.
Uno de los principales problemas es que cada estado castiga la extorsión de manera distinta, con definiciones, sanciones y multas dispares, lo que genera un combate desigual e ineficaz. La nueva ley busca unificar criterios en todo el país y establecer sanciones equiparables a las del secuestro, además de castigar también a los servidores públicos omisos o coludidos con estas prácticas.
La propuesta también contempla la creación de fiscalías especializadas, protocolos de atención inmediata a víctimas, resguardo, asesoría jurídica y reparación integral del daño, así como el fortalecimiento de herramientas de investigación e inteligencia. Se prevé además un registro nacional de extorsión, evaluaciones anuales y la participación de observatorios ciudadanos para garantizar la rendición de cuentas.
David Azuara recordó que Acción Nacional impulsó esta agenda desde principios de año, con la convicción de que el tema no podía seguir en la indiferencia. “Lo que necesitamos es una ley con presupuesto, con resultados medibles y con transparencia, para que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones”, afirmó.
La reforma establece un plazo máximo de 180 días para que el Congreso emita la Ley General. Mientras tanto, seguirán vigentes las normas federales y locales. “La gente no puede esperar más —concluyó Azuara—. México requiere un marco jurídico sólido y coordinado; no más discursos vacíos, sino soluciones reales que devuelvan tranquilidad a las familias y a la economía del país”.
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