San Luis Potosí, SLP.- El diputado Luis Fernando Gámez Macías y la presidenta de la Fundación Granito de Arena, Susana del Río, anunciaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, esto con el objetivo de establecer protocolos claros y obligatorios para el personal escolar ante casos de abuso sexual, maltrato o cualquier forma de violencia contra menores.
La propuesta de reforma que será presentada ante el Congreso del Estado, busca: Obligar al personal docente a realizar la denuncia inmediata al detectar indicios de violencia, maltrato o abuso; y establecer un protocolo de actuación claro que sirva como guía para proteger la integridad del menor. En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la integridad de la niñez potosina.
La iniciativa surge a raíz de la preocupante falta de procedimientos estandarizados en las escuelas, lo que deja a los menores en una doble situación de vulnerabilidad; además la ausencia de protocolos definidos no solo retrasa la denuncia y el resguardo de las víctimas, sino que también genera incertidumbre en el personal educativo, que a menudo teme actuar por falta de lineamientos claros.
"Es inaceptable que la falta de procedimientos deje a nuestras niñas y niños en situación de desamparo", señaló Gámez Macías, el cual mencionó que esta propuesta busca ser una herramienta de protección y certeza, buscando empoderar al personal educativo para que sepa cómo actuar, eliminando el miedo a cometer errores y garantizando que las víctimas reciban el apoyo que necesitan de manera inmediata.
Por su parte, la activista Susana del Río, de la Fundación Granito de Arena, destacó la importancia de esta colaboración, "estamos construyendo un escudo de protección para la infancia; un protocolo claro es un paso fundamental para que ninguna niña o niño se quede sin la ayuda necesaria por falta de un procedimiento".
Se espera que esta iniciativa reciba el respaldo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, dada la urgencia y relevancia del tema para la protección de la niñez potosina, ya que es una medida que no solo busca proteger a las víctimas, sino también brindar certeza jurídica a los docentes y al personal escolar, permitiéndoles cumplir con su deber de manera segura y eficaz.
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