Una nueva etapa en la impartición de justicia
El próximo 15 de septiembre, en San Luis Potosí y siguiendo la pauta de la Federación para culminar el ejercicio de reforma al Poder Judicial, 87 personas tomarán protesta como juzgadoras, ocupando cargos en 15 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, 3 magistraturas del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y 69 juzgadores de primera instancia en diversas ramas. Esto representa una nueva era en la forma de impartir justicia en México. Algunas de estas personas ya han formado parte del ejercicio judicial; sin embargo, muchas otras apenas inician la curva de aprendizaje que representa todo un reto. Veamos la situación y una alternativa que puede ser un aliciente claro.
Tribunales saturados y una justicia lenta
Hablar de justicia en México es hablar de tribunales saturados, expedientes que no se mueven en meses y ciudadanos que, en lugar de sentir certeza, sienten frustración. Esta realidad no es nueva, pero sí cada vez más insostenible. Frente a ello, la alternativa ya está escrita en nuestra propia Constitución.
El artículo 17 constitucional y los mecanismos alternativos
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que nadie puede hacerse justicia por su propia mano y que la ley debe prever mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, civil, mercantil, familiar y laboral.
Esto significa que la mediación, la conciliación y el arbitraje no son inventos recientes ni atajos legales, sino derechos reconocidos y garantizados. Resolver un conflicto fuera de los tribunales, con la intervención de un árbitro o mediador especializado, es tan legal y válido como una sentencia emitida por un juez.
La cláusula arbitral como herramienta de certeza
El mismo artículo constitucional faculta a las partes para pactar en sus contratos que cualquier diferencia será resuelta mediante arbitraje. Esta cláusula arbitral puede establecerse en contratos de arrendamiento, compraventa, prestación de servicios o cualquier otro acto jurídico.
En la práctica, incluirla puede significar la diferencia entre un pleito de años en tribunales o una resolución técnica en cuestión de meses. Por ello, es fundamental que abogados, empresarios y ciudadanos normalicen el uso de estas cláusulas, evitando costos económicos y emocionales de litigios prolongados.
Reformas que han consolidado los mecanismos alternativos
La reforma penal de 2008 incorporó los mecanismos alternativos en delitos menores, reduciendo tiempos procesales de manera significativa. En 2017, la reforma laboral creó los centros de conciliación y fortaleció el arbitraje como etapa previa obligatoria. En materia mercantil, desde 1993 el Código de Comercio reconoce el arbitraje con plena validez, incluso en el ámbito internacional. Más recientemente, en 2024, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias consolidó su aplicación en todo el país, incluso con modalidades digitales.
Resultados visibles en México y Latinoamérica
En México, procesos penales que antes tardaban hasta 180 días se resolvieron en menos de 30 gracias a la mediación, según el World Justice Project. En Colombia, el Centro de Arbitraje de Bogotá resolvió más de 300 casos en un solo año, descongestionando tribunales. En Chile, el arbitraje se ha convertido en una herramienta clave para inversionistas, evitando litigios largos y costosos.
El dato más contundente es que más del 60% de los juicios mercantiles en México podrían resolverse mediante arbitraje, pero solo una minoría lo hace por falta de cultura jurídica.
San Luis Potosí frente al reto
Los tribunales civiles y mercantiles del estado también están saturados. Un juicio por incumplimiento de contrato puede tardar más de un año, mientras que el arbitraje permitiría resolverlo en tres o cuatro meses, con la misma validez legal y con especialistas en la materia.
Una competencia inédita: justicia pública vs. justicia privada
La reciente reforma al Poder Judicial —que implicó la desaparición del Consejo de la Judicatura y la reestructuración de juzgados— dejará a muchos juzgadores con experiencia fuera del sistema. Paradójicamente, ese capital humano podría encontrar en el arbitraje un nuevo campo de acción.
Lo que antes parecía un sistema complementario, ahora se perfila como un competidor directo del modelo judicial tradicional. Por primera vez veremos una competencia real: la justicia pública contra la justicia privada.
Conclusión: reinventar la Justicia una obligación
La justicia en México será cada vez menos un asunto exclusivo de tribunales y más un proceso compartido entre instituciones públicas y mecanismos privados respaldados por la ley. En este equilibrio puede estar la clave para recuperar rapidez, imparcialidad y credibilidad.
San Luis Potosí cuenta con grandes profesionales de la abogacía que, sin duda, innovarán y marcarán la pauta. Alternativas las habrá y, en el marco de la legalidad, la abogacía mexicana y en particular la potosina tiene la oportunidad de reinventarse y ofrecer un nuevo rumbo.
A quienes se integran al nuevo Poder Judicial de nuestro estado y de la federación, y que por motivos de trabajo y amistad tengo la fortuna de conocer, les deseo éxito por el bien de nuestro país, nuestro estado y, lo más importante, nuestra sociedad.
