Hay cerca de 2500 personas que se dedican a la renta y venta de inmuebles sin licencia
San Luis Potosí, SLP.- El fraude inmobiliario es uno de los problemas más grandes en la entidad, derivado de la gran cantidad de personas que se dedican a esa actividad, pero de manera informal, sin conocimientos jurídicos o técnicos suficientes, explicó Emilio Rosas, diputado presidente de la comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso de San Luis Potosí.
Las estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios calculan que en el estado entre 2 mil 500 y 3 mil personas se dedican a la renta y venta de inmuebles, mientras que solo 120 están acreditadas en la AMPI. Rosas confían que, con la iniciativa de reforma legislativa que ha propuesto junto al legislador César Lara, pueda generarse una nueva regulación y ayudar a que disminuyan los casos de fraude.
El diputado local explicó que la propuesta formulada por ellos, diferente a la que presentó AMPI hace poco más de un año, pretende que cualquier persona que se dedique a la actividad de renta y venta de propiedades, en su publicidad impresa o electrónica, estará obligado a divulgar el número de licencia inmobiliaria otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico.
La propuesta de AMPI, añadió, tenía como deficiencia técnica que obligaba a que las personas dedicadas a esa actividad a tramitar esa licencia, lo que tenía como vulnerabilidad una disposición anticonstitucional, al acotar el derecho que tienen todos al libre ejercicio de un trabajo.
"Con la reforma que proponemos, la ciudadanía podrá identificar a las personas que están avaladas y certificadas por la SEDECO, con sus propios requisitos para conceder la licencia, así, ya es decisión de cada uno si decide jugársela o no, con aquellos que no presenten esa información".
Rosas afirmó que la propuesta de reforma será analizada en la sesión septembrina de la comisión de Desarrollo Económico y Social.
En tanto, en la otra dictaminadora, la de Desarrollo Territorial Sustentable, podría avalarse en septiembre u octubre.
Con esos tiempos, el legislador local estimó que podría ser llevada para la votación en el pleno legislativo hacia alguna de las sesiones del mes de noviembre de este año.
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