Con 18 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad, propuesta por la Gobernadora Layda Sansores, con la que se facultará a las autoridades locales para ocupar predios bajo el criterio de "utilidad pública".
La nueva normativa, sobre la que opositores han alertado, faculta al Poder Ejecutivo para expropiar inmuebles privados bajo este criterio, con procedimientos y plazos que han sido criticados por ser un "atentado contra el patrimonio de los ciudadanos".
La ley, que ha sido promovida con el argumento de armonizar y actualizar la legislación estatal con la federal, presenta puntos que, según la Oposición, no se homologan con la normativa nacional y, por el contrario, vulneran los derechos de propiedad.
Entre los puntos más cuestionados está que la nueva normativa reduce los plazos de defensa de los ciudadanos, quienes contarán ahora con cinco días hábiles para responder a una declaratoria de "utilidad pública", en contraste con los 15 días que otorga la ley a nivel federal.
"Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado para manifestar ante la Secretaría de Gobierno lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estime pertinentes", se lee en el dictamen avalado.
Desde la tribuna, legisladores emecistas y priistas acusaron que con esta reforma se facultará al Gobierno estatal de tomar posesión de un inmueble de forma inmediata sin esperar la resolución final del proceso.
Otro de los aspectos más cuestionados es el método de pago de las indemnizaciones. Legisladores de Oposición resaltaron que a diferencia de la normativa federal, que obliga a pagar en un plazo de 45 días, la ley de Campeche permite que la compensación se realice en abonos durante un período de hasta 10 años.
Además, el avalúo de las propiedades estará a cargo de la Secretaría de Finanzas, lo que ha sido señalado como un conflicto de interés, ya que el precio se basará en la última transacción comercial, no en el valor actual del mercado.
Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la iniciativa, alertando que la ley podría ser utilizada para quitarle a los ciudadanos sus propiedades de manera arbitraria, sin una compensación justa y oportuna.
Durante el debate legislativo, mientras la diputada Delma Rabelo Cuevas, del PRI, exponía sus puntos en contra y contravenía la intención de la armonización entre las ley estatal y federal, se interrumpió la transmisión de la sesión por un fallo eléctrico, lo que fue reprochado por sus colegas de bancada.
El diputado Pedro Armentía, de MC, calificó el hecho como una "caja china" al advertir que fue aprobada en un día en que la atención pública estaba enfocada en la final de beisbol.
La nueva ley, afirmó, ha generado preocupación entre la población, ya que abre la puerta a que se afecten casas, negocios o tierras con un proceso legal que los ciudadanos no tendrán la posibilidad de defenderse con los mismos plazos que en la ley federal, viéndose obligados a recurrir directamente al juicio de amparo.
El 30 de agosto pasado, Grupo REFORMA publicó que el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum (Morena), alista la ocupación temporal inmediata de 77 inmuebles privados para facilitar las obras del Tren AIFA-Pachuca en ocho municipios de Hidalgo y el Estado de México.
Sería la primera vez que su Administración aprovechará esta figura, introducida en la Ley de Expropiación por el ex Presidente Felipe Calderón, y rara vez utilizada hasta el sexenio pasado, cuando se aplicó en varias ocasiones para el Tren Maya.
Con esta figura, el Gobierno no requiere de los trámites de un decreto de expropiación para tomar el control de los 77 inmuebles que requiere el AIFA-Pachuca, mismos que cubren una superficie de 21.8 hectáreas.
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