La apuesta oficial es que, una vez rehabilitado, se pueda ofrecer certeza a la población respecto al suministro de agua
El acueducto de la presa El Realito es una infraestructura crucial para el suministro de agua en San Luis Potosí. Sin embargo, desde su construcción ha estado plagado de problemas y conflictos que han generado un gran debate en la región.
El acueducto ha presentado fallas constantes desde su puesta en marcha, lo que ha generado problemas de suministro de agua. La empresa concesionaria del acueducto ha sido objeto de críticas y demandas por parte de las autoridades y los ciudadanos de San Luis Potosí, quienes alegan que no ha cumplido con sus obligaciones contractuales.
Pagos millonarios y contrato imposible de cancelar
Tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí como el gobierno del Estado enfrentan un problema común con la presa El Realito, los costos millonarios de un sistema que, pese a sus fallas constantes, no puede cancelarse por las condiciones del contrato firmado con la empresa concesionaria Aquos.
Ayuntamiento paga 15 mdp por El Realito
En el caso del municipio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que cada mes se destinan alrededor de 15 millones de pesos para cubrir los compromisos financieros con la presa, entre 8 y 10 millones por el pago de la infraestructura y entre 5 y 7 millones al consumo de agua. A pesar de las interrupciones frecuentes en el suministro, el Ayuntamiento debe cumplir puntualmente con esos pagos.
Contrato desfavorable
La administración estatal ha reconocido que la obra fue mal construida y presenta un deterioro acelerado. El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, señaló que el tramo más crítico se localiza entre Tierra Nueva y la Carretera 57, donde cerca de dos kilómetros del ducto sufren colapsos recurrentes. Cada reparación tarda en promedio cuatro días y, cuando la empresa rebasa ese tiempo, se le aplican sanciones económicas.
Atrapados por contrato
El gobierno de San Luis Potosí enfrenta un dilema con el acueducto de la presa El Realito, aunque las fallas en la infraestructura son constantes y afectan el suministro de agua a la zona metropolitana, no es posible cancelar el contrato con la empresa Aquos debido a las condiciones económicas y legales que lo hacen prácticamente incosteable.
La administración estatal ha optado por mantener vigente el convenio, mientras obliga a la concesionaria a presentar un plan de trabajo que detalle los tiempos de reparación de los tramos colapsados, Martínez Sánchez reconoció que la obra fue mal construida y hoy presenta un desgaste acelerado.
Tramo conflictivo
Uno de los segmentos más críticos se ubica entre Tierra Nueva y la Carretera 57, con aproximadamente dos kilómetros sumamente deteriorados. En esa zona los colapsos se han vuelto recurrentes y, aunque cada reparación suele demorar en promedio cuatro días, cuando la empresa excede ese plazo se le aplican sanciones económicas.
Señaló que “Es evidente que el ducto fue mal construido; las múltiples rupturas lo demuestran. El material está fatigado y hay tramos seriamente dañados que requieren atención urgente”.
Culpan a gobiernos de la "Herencia Maldita"
El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, acusó a sus antecesores priístas, al manifestar que en los 12 años de sus gobiernos, provocaron un gran atraso en el desarrollo de San Luis Potosí, bajo el argumento de la falta de recursos, cuando por otra parte, entidades como Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato tuvieron un gran avance.
En el caso concreto de El Realito, el gobierno estatal se ha visto obligado a ser “resiliente” frente a un contrato desfavorable heredado de administraciones pasadas, buscando aprovechar al máximo las condiciones legales para garantizar que el agua continúe llegando a la capital potosina y su área conurbada.
Necesario dar certeza a la población
Aunque cancelar el contrato es inviable por el costo millonario que implicaría, el gobierno insiste en que la empresa debe responder con acciones concretas para evitar más suspensiones en el abasto.
La apuesta oficial es que, una vez rehabilitados los tramos más frágiles, se pueda ofrecer mayor certeza a la población respecto al suministro del líquido.
Mientras tanto, autoridades estatales y municipales coinciden en que la única salida viable es mantener el convenio vigente y presionar a la concesionaria para garantizar que el abasto de agua no se interrumpa en la capital y la zona conurbada, aunque ello implique seguir pagando millones cada mes por un sistema que aún no ofrece certeza a la población.
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