En una nueva ofensiva contra el narcotráfico transnacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lanzó esta semana una campaña pública para promocionar las recompensas millonarias que buscan acelerar la captura de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La agencia federal ofreció 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como parte de la facción de Los Chapitos, que heredó el mando de una parte del Cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de su padre en 2017 y su condena en 2019.
El anuncio fue difundido a través de un comunicado oficial en la página web de ICE y mediante publicaciones en la red social X, donde la dependencia recordó la peligrosidad de los fugitivos. En el mensaje se lee:
"Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín Guzmán Loera. Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción del Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”.
El comunicado subraya que la estrategia no se limita a la oferta monetaria, sino que también busca aprovechar el alcance de las redes sociales para captar pistas a nivel internacional.
El objetivo, explicaron, es ampliar la colaboración ciudadana y cerrar el cerco contra los líderes de uno de los grupos criminales más violentos y lucrativos de las últimas décadas.
Los más buscados por ICE
Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, de 42 años, figura en la lista de los más buscados del ICE. La ficha difundida lo describe como un hombre de raza blanca, 1.75 metros de estatura, ojos y cabello marrones, cuyo último paradero conocido fue en Culiacán, Sinaloa.
Su hermano mayor, Iván Archivaldo, también tiene una recompensa de 10 millones de dólares en su contra.
La agencia federal acusa a ambos de liderar operaciones de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos.
Asimismo, los responsabiliza de ejercer una violencia extrema para garantizar el control territorial, mediante sobornos, asesinatos, secuestros y ataques a rivales y fuerzas del orden.
Uno de los episodios más recordados atribuidos a su liderazgo es el llamado “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando cientos de hombres armados sitiaron la capital sinaloense para forzar la liberación de Ovidio Guzmán López, su hermano menor.
La operación militar fracasó y evidenció la capacidad de fuego del grupo criminal.
El cerco internacional contra los hijos del Chapo se ha estrechado en los últimos años. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incrementó de 5 a 10 millones de dólares las recompensas por Iván y Alfredo, argumentando el “alarmante oleaje de violencia” generado por su facción.
Además, el Tesoro los sancionó junto con una red de empresas asentadas en Mazatlán, presuntamente controladas por Víctor Manuel Barraza Pablos, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos.
En paralelo, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) los incluyó en 2018 en su lista de los diez fugitivos más buscados.
A Alfredo se le imputan cargos de conspiración para poseer drogas con intención de distribuir, así como importación y exportación de narcóticos. Su historial criminal también incluye un episodio mediático en 2016, cuando fue secuestrado en Puerto Vallarta por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Fue liberado ileso cinco días después, en un hecho que exhibió la disputa interna entre clanes del narcotráfico.
“Alfredillo” y el fentanilo
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Iván y Alfredo un rol protagónico en la expansión del fentanilo hacia su territorio. Washington los señala como responsables de inundar de opioides sintéticos el mercado, lo que ha provocado una crisis de salud pública con miles de muertes por sobredosis cada año.
En 2023, el Departamento de Estado presentó cargos contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a los hermanos Guzmán Salazar. Ese mismo año, Ovidio Guzmán fue extraditado a Chicago, donde en 2024 se declaró culpable y aceptó colaborar con la justicia estadounidense.
Su testimonio podría aportar información clave sobre laboratorios, rutas de trasiego y posibles vínculos de la organización con autoridades mexicanas.
