San Luis Potosí, SLP.- Tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí como el Gobierno del Estado enfrentan un problema común con la presa El Realito, los costos millonarios de un sistema que, pese a sus fallas constantes, no puede cancelarse por las condiciones del contrato firmado con la empresa concesionaria Aquos.
En el caso del municipio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que cada mes se destinan alrededor de 15 millones de pesos para cubrir los compromisos financieros con la presa, entre 8 y 10 millones corresponden al pago de la infraestructura y otros 5 a 7 millones al consumo de agua. A pesar de las interrupciones frecuentes en el suministro, el Ayuntamiento debe cumplir puntualmente con esos pagos.
Por su parte, la administración estatal ha reconocido que la obra fue mal construida y presenta un deterioro acelerado. El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, señaló que el tramo más crítico se localiza entre Tierra Nueva y la carretera 57, donde cerca de dos kilómetros del ducto sufren colapsos recurrentes. Cada reparación tarda en promedio cuatro días y, cuando la empresa rebasa ese tiempo, se le aplican sanciones económicas.
Martínez admitió que el contrato heredado de gobiernos anteriores resulta desfavorable e incosteable de cancelar, por lo que la estrategia oficial es obligar a Aquos a entregar un plan de trabajo con plazos claros de rehabilitación. “El material está fatigado y hay secciones que requieren atención urgente”, advirtió.
Mientras tanto, autoridades estatales y municipales coinciden en que la única salida viable es mantener el convenio vigente y presionar a la concesionaria para garantizar que el abasto de agua no se interrumpa en la capital y la zona conurbada, aunque ello implique seguir pagando millones cada mes por un sistema que aún no ofrece certeza a la población.
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