El apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña, reveló que ayer presentaron 70 denuncias, incluidas 14 de orden penal, contra el ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y varios de sus funcionarios.
Saldaña estimó un quebranto al erario de 344 millones de pesos en contratos de obra pública, presuntamente relacionados con pagos irregulares a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona, uno de ellos, Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro, Nuevo León.
Los presuntos delitos incluyen uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"Todos los hechos que nosotros narramos en las denuncias se estima un quebranto aproximado de 344 millones de pesos al erario público, esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que, insisto están vinculadas a los hermanos Carmona", expresó.
Saldaña puntualizó que el quebranto habría ocurrido en el ejercicio 2017 y 2018 por aproximadamente 343 millones 966 mil pesos, de los cuales 221 millones de pesos corresponden al orden estatal y 122 millones de pesos al federal, para beneficiar a las empresas presuntamente vinculadas a el extinto empresario de Reynosa, Sergio Carmona Angulo y su hermano, Julio César Carmona Angulo.
Sin embargo, apuntó que los contratos fueron por cerca de los 500 millones de pesos luego de que se registró una interrupción de pagos por 157 millones de pesos, sin que se haya encontrado indicio alguno que dichos proveedores hubiesen ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta.
"Los principales imputados a los que me he venido refiriendo son el ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (y) su ex Secretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa", afirmó.
También dijo que entre los imputados están los ex servidores públicos, Horacio García Rojas Guerra, Subsecretario de Planeación y Vinculación, de la Secretaría de Salud; Alejandro Aguilar Poegner, Subsecretario de Administración y Finanzas, así como Román Castillo Airola, ex director de Compras del Gobierno del estado de la Secretaría de Administración.
"¿Cuáles son las dos empresas que nosotros señalamos en toda esta red de corrupción? La empresa Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona, y la otra empresa es Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra", mencionó.
"¿Usted está ligando directamente al Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca con los hermanos Carmona?, se le preguntó.
"Yo creo que las imágenes y las evidencias pueden hablar más que mil palabras. Existen desde luego, sin duda, elementos suficientes para considerar que existía toda una red de complicidad hacia el interior de la Secretaría de Salud ordenada desde el primer nivel de Gobierno del sexenio pasado, las empresas que estuvieron ahí participando, pues son prácticamente el origen de todo este proceso que estamos investigando", respondió.
Iván Saldaña explicó que de acuerdo con el modus operandi, las citadas empresas se asociaron con diversos ex funcionarios públicos del Gobierno del Estado.
En la denuncia 10 y 11 de las 14 del orden penal que presentaron, el daño al erario asciende acerca de los 61 millones de pesos.
Describió que el común denominador fue que en ambas denuncias no se firmó el contrato, lo cual es un requisito que resulta indispensable para poder realizar el pago en una dependencia.
"Ninguna dependencia está facultada para hacer alguna erogación sin que medie de por medio un contrato en donde se haya plasmado con anterioridad la voluntad de ambas partes, no habiendo un contrato firmado, por ende entonces se deviene un pago de carácter ilegal" aseguró.
"En donde se hicieron contrataciones por alrededor de los 500 millones de pesos de los cuales en esa proyección de contratación alrededor de los 500 millones de pesos por alguna situación en especial y de manera rara y sospechosa se dejó de cubrir la cantidad de 157 millones de pesos sin que a la fecha se encuentre dato o índice alguno que dichos proveedores hubiesen ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta de pago".
En la denuncia 12 por un daño estimado en los 18 millones y medio de pesos, no se firmó el contrato, lo que representa una evidencia de la irregularidad cometida.
Asimismo, en la denuncia número 2 por un daño patrimonial estimado en los 4 millones de pesos, el pago se llevó a cabo el 28 de febrero de 2018 mientras que la factura tiene fecha del 2 de octubre del mismo año.
Cuestionado en relación con por qué se presentan las denuncias a tres años del inicio de la actual administración, dijo que ha sido una investigación compleja luego de que no se llevó a cabo el proceso legal de entrega recepción.
"Se puede interpretar que esta investigación y estas denuncias es una persecución política en contra de Cabeza de Vaca
"Se niega categóricamente que existe una persecución política a cualquier funcionario".
A la conferencia asistieron además el Secretario de Salud Vicente Joel Hernández, la Secretaria de Anticorrupción Norma Angélica Pedraza Melo y de Administración Luis Eugenia Manoutou Galván.
